El Gobierno facilita la jubilación de los ferroviarios mientras se la niega a policías y guardias civiles
La posibilidad de abandonar la vida laboral antes de la edad ordinaria de jubilación vuelve a situarse en el centro de las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La posibilidad de abandonar la vida laboral antes de la edad ordinaria de jubilación vuelve a situarse en el centro de las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La última decisión del Gobierno en materia de pensiones ha reavivado el malestar entre policías nacionales y guardias civiles, que llevan años reclamando unas condiciones de retiro equiparables a las de otros profesionales expuestos a situaciones de peligro.
El motivo es una medida aprobada por el Consejo de Ministros tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Ejecutivo ha incorporado a la normativa de seguridad ferroviaria una disposición destinada a extender los beneficios de la jubilación anticipada a los trabajadores del ferrocarril, con independencia de la empresa en la que desempeñen sus funciones.
Según publica Vozpópuli, esta iniciativa contempla la aplicación de coeficientes reductores vinculados a las características de determinados puestos de trabajo. Se trata de un mecanismo previsto para actividades que, por su dureza, peligrosidad o condiciones laborales, pueden justificar una reducción de la edad de jubilación.
La medida contrasta con la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos representantes continúan reclamando al Ministerio del Interior una solución para sus condiciones de retiro.
La medida contrasta con la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil
La muerte de un policía en Oviedo reaviva las reivindicaciones
La controversia coincide con la conmoción provocada por el fallecimiento de un subinspector de la Policía Nacional en Oviedo. El agente, conocido como Jota, perdió la vida durante una intervención en la que se produjo la explosión de una mochila que contenía un artefacto explosivo.
Este suceso ha vuelto a poner de manifiesto los peligros a los que pueden enfrentarse los miembros de las fuerzas de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
Las organizaciones representativas de ambos cuerpos consideran que la exposición a situaciones de violencia, las intervenciones de alto riesgo y el desgaste físico asociado a su profesión deben tenerse en cuenta a la hora de establecer sus condiciones de jubilación.
Su principal reivindicación pasa por conseguir un sistema que permita adelantar el retiro profesional sin sufrir una penalización económica significativa.
Marlaska dejó sin avances las conversaciones con los sindicatos
El conflicto se produce después de que las negociaciones entre Interior y los representantes policiales quedaran interrumpidas.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska había mantenido durante meses contactos con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil para estudiar sus demandas. Sin embargo, las conversaciones terminaron sin un acuerdo.
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad, encabezada por Aina Calvo, se comunicó que el escenario político derivado del adelanto electoral impedía seguir avanzando en ese momento.
La explicación no convenció a los representantes de los agentes, que protagonizaron una protesta dentro del propio Ministerio del Interior. La movilización terminó con su desalojo de las instalaciones.
Mientras esta reclamación permanece sin resolver, el Ejecutivo ha dado un nuevo paso para modificar las condiciones de jubilación de otro colectivo profesional.
La diferencia con otros cuerpos policiales
Uno de los argumentos que sostienen las reivindicaciones de policías nacionales y guardias civiles es la existencia de distintos sistemas de jubilación dentro de las propias fuerzas de seguridad españolas.
Los agentes aspiran a poder retirarse a partir de los 59 años, en condiciones económicas similares a las que permiten los mecanismos de anticipación de la jubilación establecidos para otros cuerpos policiales.
La regulación contempla también tratamientos específicos para determinadas profesiones, entre ellas los bomberos, algunos trabajadores de la aviación, los profesionales taurinos y los agentes medioambientales.
En este contexto, la decisión de ampliar las posibilidades de jubilación anticipada en el sector ferroviario ha devuelto la atención a una reivindicación histórica de policías y guardias civiles, que siguen esperando una respuesta normativa a sus demandas.
