El informe definitivo vincula al exlíder socialista con pagos ocultos ligados a una operación urbanística en beneficio de empresarios afines
La UCO ha entregado su informe definitivo sobre la conocida como trama de los colegios, una de las ramas más sensibles del caso Azud. Que sacude desde hace años los cimientos del urbanismo valenciano.
En el documento, los agentes detallan el posible cobro de comisiones ilegales por parte PSPV. Según la cambio de facilitar una operación urbanística en beneficio de empresarios próximos.
El caso gira en torno a la cesión de unas parcelas públicas por parte del Ayuntamiento de Valencia a un grupo de empresarios. Entre ellos, Jaime Febrer, a cambio de que estos asumieran una deuda municipal con congregaciones religiosas.
Un intercambio que, según la UCO, no solo tenía el aval político, sino que también generó beneficios económicos personales para varios implicados.
Uno de los nombres que destaca es el de Rafa Rubio, ex subdelegado del Gobierno en Valencia y exlíder del PSPV en la ciudad. La UCO sostiene que Rubio pudo haber percibido una comisión inicial de 300.000 euros. Aunque esta cifra podría haber alcanzado los 750.000 euros conforme avanzaba la operación.
Los investigadores se apoyan en documentación interna, testimonios y movimientos bancarios sospechosos para sostener esta hipótesis.
Entre las pruebas figura un documento incautado en el que aparecen las iniciales de Rubio junto a una serie de cifras. Supuestamente vinculadas a los costes de la operación y las comisiones pactadas.
Según el informe, las condiciones del acuerdo se cerraron en una reunión entre los empresarios Jaime Febrer, Miguel Montoro y Federico Ferrando, todos ellos con vínculos con la promotora MAI.
La UCO afirma que Rubio recibió una primera entrega de 100.000 euros en efectivo. Posteriormente, los agentes identificaron movimientos bancarios que apuntan a una dinámica repetida de ingresos en metálico entre 2007 y 2010. En total, se detectaron 197.000 euros ingresados en pequeñas cantidades, siempre por debajo de los 3.000 euros, una estrategia clásica para evitar alertas por posible blanqueo de capitales.
Otro de los hallazgos clave es el uso de una caja de seguridad en una sucursal del BBVA, que Rubio alquiló junto a su esposa. La UCO ha cruzado las visitas a la caja con los ingresos en cuentas bancarias, detectando un patrón: en 24 ocasiones, tras acudir al depósito, se produjeron ingresos inmediatos o al día siguiente. En 77 de los movimientos fue el propio Rubio quien acudió al banco.
Los investigadores sospechan que el dinero de las comisiones era ocultado en esta caja para después introducirlo gradualmente en el circuito financiero legal.
