El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Gobierno de Aragón. La controversia se origina por la solicitud de información del Ministerio de Juventud sobre la cifra de los menas.
El pasado 26 de marzo, Aragón presentó una alegación solicitando que se suspendiera de forma cautelar la obligación de proporcionar estos datos. El Ejecutivo de Jorge Azcón considera que esta solicitud es inapropiada, y ha pedido la suspensión de la medida. El TSJM ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que se pronuncien sobre la solicitud de Aragón.
El Ministerio de Juventud, dirigido por Sira Rego, había dado a las comunidades autónomas hasta el lunes para cumplir con el requerimiento. Hasta ahora, 14 administraciones regionales han cumplido con la solicitud. La Comunidad Valenciana, la última en entregar los datos, lo hizo un día después del plazo estipulado.
El requerimiento del Ministerio de Juventud tiene como objetivo obtener información sobre el número de menores extranjeros no acompañados bajo acogida en cada comunidad. Este dato es clave para la planificación de políticas de integración y protección de menores. Sin embargo, Aragón considera que el requerimiento es excesivo y carece de base jurídica sólida.
Aragón ha dicho basta
Además de la suspensión de la entrega de los datos, Aragón también cuestiona si esta obligación podría vulnerar principios relacionados con la protección de datos personales y la autonomía administrativa. Este conflicto llega en un momento delicado para las comunidades autónomas, que enfrentan grandes desafíos en la acogida y gestión de menores inmigrantes no acompañados.
En paralelo, la Comunidad Valenciana ha anunciado su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional el plan del Consejo de Ministros para la acogida obligatoria de menores inmigrantes no acompañados.
Esta medida ha sido rechazada por algunas comunidades. Que creen que la acogida debe ser una decisión consensuada entre las autoridades regionales y el Gobierno central. No una imposición.
El recurso presentado por Aragón y las acciones de la Comunidad Valenciana reflejan el creciente malestar de algunas administraciones regionales con las políticas Sánchez. Sobre todo por la inmigración y la gestión de menores extranjeros no acompañados. Ambas comunidades defienden que la gestión de estos recursos debe quedar en manos de las autonomías, y que las medidas centralistas podrían vulnerar su autonomía.
El Ministerio de Juventud justifica la solicitud de datos, argumentando que es esencial para asegurar una atención coherente y adecuada a los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno central insiste en que la política debe ser unificada, ya que la protección de menores y la inmigración son responsabilidades compartidas entre todas las administraciones públicas.
