El elemento más comprometedor del informe no es únicamente el volumen económico. En 2022, Adif recibió dos alertas internas sobre supuestas manipulaciones para favorecer a una constructora
Las sospechas de corrupción en Adif han abierto un nuevo frente que ya no se limita a los tribunales penales. El Tribunal de Cuentas ha iniciado una instrucción para determinar cuánto dinero público pudo perderse mediante adjudicaciones presuntamente manipuladas y exigir su devolución a quienes resulten responsables.
La investigación, adelantada por El Mundo, parte de un informe aprobado en diciembre de 2025 que identificó graves deficiencias en la gestión de contratos financiados con fondos europeos.
La presidenta de la sección de enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha impulsado el procedimiento después del pronunciamiento favorable de la Fiscalía del organismo.
El foco está puesto en al menos dos contratos adjudicados a Obras Públicas y Regadíos (OPR), por un importe conjunto de 85 millones de euros. Esta constructora aparece vinculada en las investigaciones judiciales a la presunta trama de corrupción relacionada con José Luis Ábalos y Koldo García.
La etapa de Ábalos lacra a Adif que está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas
Las denuncias que Adif archivó y ahora vuelven a investigarse
El elemento más comprometedor del informe no es únicamente el volumen económico. En 2022, Adif recibió dos alertas internas sobre supuestas manipulaciones de puntuaciones para favorecer a una constructora.
Sin embargo, aquellas denuncias fueron archivadas mediante actuaciones que el Tribunal de Cuentas consideró carentes del rigor necesario.
La empresa pública Ineco también había advertido de presuntas instrucciones para modificar valoraciones técnicas en tres licitaciones.
Ahora, la investigación deberá aclarar si esas irregularidades provocaron un perjuicio económico y quién tendría que responder con su patrimonio. El procedimiento contempla la posibilidad de adoptar embargos preventivos.
La actuación coincide con las pesquisas de la Fiscalía Europea y los requerimientos de documentación efectuados por la UCO.
El expresidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha negado que existieran adjudicaciones amañadas.
La incógnita ya no es solamente quién pudo intervenir en los concursos. También cuánto dinero público podría recuperarse si finalmente se acreditan los perjuicios.
