
El Supremo sienta en el banquillo al Fiscal General por el caso de la pareja de Ayuso
La Sala de Apelación, dividida por mayoría de dos a uno, ratifica el procesamiento del jefe del Ministerio Fiscal por filtrar datos a la prensa
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del fiscal general Álvaro García Ortiz, confirmando su imputación por revelación de secretos. La Sala de Apelación, dividida por mayoría de dos a uno, ratifica el procesamiento del jefe del Ministerio Fiscal por filtrar datos a la prensa.
La investigación se refiere a la supuesta filtración de un correo sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Ayuso. Ese correo fue enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, reconociendo dos delitos contra Hacienda.
El letrado proponía entonces un pacto con el ministerio público para evitar la entrada en prisión de su cliente, ya imputado por fraude. El correo, que fue difundido por medios de comunicación el 13 de marzo, es el centro de la causa por revelación de secretos en el Supremo.
El juez instructor Ángel Hurtado dictó auto de procedimiento abreviado, lo que implica el fin de la investigación y la apertura de juicio. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha avalado que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a García Ortiz por estos hechos. El tribunal rechaza también que el fiscal general pueda quedar suspendido, ya que se encuentra en situación de servicios especiales.

Según fuentes fiscales, al no estar en activo dentro de la carrera, el Estatuto del Ministerio Fiscal no le es aplicable de forma directa. La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha quedado exonerada del proceso por decisión de la misma Sala de Apelaciones.
Rodríguez envió a García Ortiz a las 21:59 del 13 de marzo de 2024 el correo que había remitido el abogado de González Amador. Esa misma noche, el diario El Mundo publicó el contenido del correo y desmintió la versión que difundía el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Los magistrados consideran que el fiscal general aprovechó dicha publicación para filtrar la información a los medios de comunicación. Durante la instrucción, no se halló prueba directa que señalara a García Ortiz como responsable de remitir el correo a periodistas. El volcado del móvil de Pilar Rodríguez mostró el envío del correo, pero no reflejó que fuera redirigido posteriormente a la prensa.

El teléfono móvil de García Ortiz fue borrado, por lo que los investigadores no accedieron a sus mensajes del 13 de marzo. A pesar de la falta de prueba directa, el juez considera que existen indicios racionales suficientes para abrir juicio contra el fiscal general.
La decisión convierte a García Ortiz en el primer fiscal general que será juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito penal. El juicio se celebrará en los próximos meses, salvo que el imputado presente su dimisión antes de que se fije la fecha del mismo.
Hasta el momento, el fiscal general ha negado haber cometido delito alguno y ha defendido su actuación como ajustada a derecho.
Sin embargo, la presión sobre él se incrementa desde diferentes ámbitos judiciales, políticos y dentro del propio Ministerio Fiscal.
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