En el listado se encuentran Teresa Ribera, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Óscar Puente y Pilar Alegría
El miércoles pasado, Víctor de Aldama provocó gran revuelo al hacer públicos unos documentos. En ellos, se apuntaba que varios ministros y dirigentes del PSOE tenían cuentas bancarias en la República Dominicana.
La denuncia, aunque ampliamente divulgada, fue rápidamente desmentida por la Fiscalía Anticorrupción. Según este organismo, los dos escritos presentados carecían de credibilidad y fueron archivados por falta de pruebas sólidas.
A pesar de este rechazo inicial, el caso sigue siendo de interés. La denuncia ha sido remitida por el Senado al Tribunal Supremo, lo que ha añadido un nuevo capítulo al conflicto.
El escrito, que llegó a la comisión encargada del caso Koldo, señala a varios altos funcionarios. En el listado se encuentran la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, y cinco ministros del Gobierno español: María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Óscar López y Pilar Alegría.
Además, el escrito incluye a dos destacados miembros del PSOE: Santos Cerdán y Patxi López. Este documento, de 24 páginas, contiene las acusaciones que ahora están en manos del Supremo.
Aunque fuentes dentro del alto tribunal desconocen si han recibido oficialmente el escrito. El protocolo estipula que, al ser remitido por el Senado, debe ser revisado.
La primera etapa del proceso en el Supremo consistirá en designar un ponente que será responsable de decidir si el caso tiene base para continuar. Si lo considera necesario, puede pedir que se investiguen las cuentas mencionadas y los posibles vínculos con actividades ilícitas.
Sin embargo, los expertos en derecho advierten que la probabilidad de que este caso avance es baja. Estadísticas recientes indican que el 97% de los escritos que llegan al Supremo son inadmitidos.
Varios jueces del Tribunal Supremo han señalado que la denuncia carece de elementos sólidos que puedan justificar una investigación en profundidad.
La ausencia de detalles específicos sobre cómo se obtuvo la información. La falta de pruebas claras de la comisión de un delito son aspectos que juegan en contra de la denuncia. Algunos magistrados consideran que la denuncia tiene escasa credibilidad.
Sin embargo, el Supremo está legalmente obligado a tramitar el escrito, ya que proviene de una institución pública como el Senado.
Esto significa que, aunque el contenido sea debatido, no pueden ignorarlo sin incurrir en una posible falta grave.
