El Ministerio del Interior ha iniciado finalmente la tramitación del Real Decreto que permitirá contratar un seguro de responsabilidad civil para los agentes de la Policía Nacional, una medida reclamada desde hace años por los sindicatos policiales y respaldada por una sentencia firme del Tribunal Supremo. El movimiento llega después de que el alto tribunal volviera a requerir al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que explicara por qué seguía sin ejecutar una resolución dictada en febrero de 2024.
La futura norma establecerá los criterios para la contratación de un seguro destinado a cubrir indemnizaciones, fianzas y otras responsabilidades económicas derivadas de actuaciones realizadas por los agentes durante el ejercicio de sus funciones. Se trata de una reivindicación histórica de los policías, que denuncian que, hasta ahora, muchos funcionarios han tenido que afrontar con su propio patrimonio las consecuencias económicas de intervenciones realizadas en acto de servicio.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) celebran el avance, aunque recuerdan que llega tras años de bloqueo administrativo. El sindicato sostiene que Interior no había dado pasos efectivos para desarrollar una medida que ya estaba contemplada en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional de 2015 y que, además, fue ordenada expresamente por el Supremo hace más de dos años.
