El Supremo fuerza a Marlaska a desbloquear el seguro de responsabilidad civil para la Policía
El Supremo fuerza a Marlaska a desbloquear el seguro de responsabilidad civil para la Policía
porMacarena Martínez Guerrero-Laverat
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La futura norma establecerá los criterios para la contratación de un seguro destinado a cubrir indemnizaciones, fianzas y otras responsabilidades económicas derivadas de actuaciones realizadas por los agentes
El Ministerio del Interior ha iniciado finalmente la tramitación del Real Decreto que permitirá contratar un seguro de responsabilidad civil para los agentes de la Policía Nacional, una medida reclamada desde hace años por los sindicatos policiales y respaldada por una sentencia firme del Tribunal Supremo. El movimiento llega después de que el alto tribunal volviera a requerir al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que explicara por qué seguía sin ejecutar una resolución dictada en febrero de 2024.
La futura norma establecerá los criterios para la contratación de un seguro destinado a cubrir indemnizaciones, fianzas y otras responsabilidades económicas derivadas de actuaciones realizadas por los agentes durante el ejercicio de sus funciones. Se trata de una reivindicación histórica de los policías, que denuncian que, hasta ahora, muchos funcionarios han tenido que afrontar con su propio patrimonio las consecuencias económicas de intervenciones realizadas en acto de servicio.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) celebran el avance, aunque recuerdan que llega tras años de bloqueo administrativo. El sindicato sostiene que Interior no había dado pasos efectivos para desarrollar una medida que ya estaba contemplada en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional de 2015 y que, además, fue ordenada expresamente por el Supremo hace más de dos años.
La advertencia del Supremo aceleró el proceso
El desencadenante del desbloqueo habría sido una providencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado 3 de junio. En ella, el alto tribunal exigía al Gobierno identificar al órgano responsable de ejecutar la sentencia y detallar los trámites realizados desde febrero de 2024 para poner en marcha el seguro. La resolución abría incluso la puerta a la adopción de medidas coercitivas ante un posible incumplimiento de una resolución judicial firme.
La sentencia original obligaba a la Dirección General de la Policía a iniciar en un plazo de dos meses los trámites necesarios para contratar esta cobertura jurídica. Sin embargo, el proceso permaneció paralizado durante más de dos años, una situación que los sindicatos calificaron de "insumisión" por parte del Ministerio.
Aunque la tramitación ya está en marcha, la norma todavía deberá completar diversos pasos administrativos antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros. Desde la CEP advierten de que vigilarán de cerca su evolución y no descartan volver a acudir a los tribunales si se producen nuevos retrasos.
La medida supone un importante avance para los agentes, que llevan más de una década reclamando una protección jurídica que consideran básica para desempeñar su trabajo con mayores garantías.
