El Supremo estudia suspender la regularización masiva de inmigrantes impulsada por Sánchez

El Alto Tribunal analiza varias solicitudes que reclaman la paralización cautelar de una medida que ya ha dejado cerca de 550.000 peticiones registradas en apenas unas semanas desde su entrada en vigor.

La iniciativa comenzó a aplicarse el pasado 16 de abril y ha provocado un fuerte choque político e institucional. La Sala de lo Contencioso Administrativo estudia los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox, Hazte Oír y distintas asociaciones civiles que consideran que el proceso puede generar consecuencias graves en diferentes ámbitos.

Durante las vistas previstas en el Supremo, los magistrados escuchan tanto a las entidades recurrentes como a la Abogacía del Estado, encargada de defender la postura del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que frenar la regularización tendría un impacto directo sobre miles de extranjeros que ya residen en España y que esperan obtener autorización legal para trabajar y permanecer en el país.

Según los últimos datos trasladados al tribunal, hasta el 21 de mayo se habían contabilizado 549.596 solicitudes relacionadas con este procedimiento extraordinario. De esa cifra total, más de 91.000 expedientes ya han sido aceptados a trámite por parte de la Administración.

Desde Vox, las críticas se centran en las consecuencias sociales y económicas de la regularización. El partido considera que la decisión del Ejecutivo puede aumentar los problemas vinculados al acceso a la vivienda y a la saturación de determinados servicios públicos. El vicepresidente de la formación, Ignacio Garriga, acusó al Gobierno de trasladar un mensaje que, a su juicio, incentivaría la inmigración irregular.

Hazte Oír también ha solicitado la suspensión cautelar del procedimiento al entender que el Ejecutivo carece de cobertura legal suficiente para impulsar una regularización de carácter masivo. La organización advierte además de que, si la medida continúa adelante y posteriormente fuera anulada por la Justicia, los efectos generados serían difíciles de revertir.

Frente a esas posiciones, la Abogacía del Estado rechaza que exista riesgo de colapso en los servicios públicos. El Ejecutivo recuerda que las personas beneficiadas por esta regularización ya viven en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que muchas de ellas ya utilizan actualmente los sistemas sanitarios, educativos y sociales.

El Gobierno defiende además que la medida facilitará la incorporación legal de miles de personas al mercado laboral, permitiendo aumentar las cotizaciones y mejorar su integración administrativa y social. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si mantiene el proceso activo o si acuerda suspenderlo de manera cautelar mientras resuelve el fondo del asunto.