Este miércoles la Audiencia Provincial de Madrid acogerá el juicio contra Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, acusada de un presunto delito de prevaricación relacionado con cuestiones urbanísticas, administrativas y medioambientales.
La regidora, hermana de Gertrudis Alcázar —quien fue secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y vinculada al llamado “caso Plus Ultra”— se enfrenta a este procedimiento judicial junto a otros responsables municipales.
La Fiscalía pide para ella una condena de tres años de cárcel, una multa equivalente a veinte meses con una cuota diaria de 15 euros y la prohibición de ocupar cargos públicos en áreas urbanísticas y ambientales durante un periodo de 12 años.
En el mismo proceso serán juzgados el concejal de Urbanismo del municipio madrileño y dos técnicos del Ayuntamiento, para quienes el Ministerio Público reclama las mismas penas.
Según la acusación, los implicados habrían incumplido de manera consciente sus deberes en materia de control urbanístico y de protección tanto del medio ambiente como de la salud de los vecinos del municipio.
Los hechos se sitúan en el año 2019, cuando varios vecinos trasladaron repetidamente quejas y denuncias por la actividad de “El Casón de la Quinta de San Antonio”. Pese a ello, la alcaldesa y su equipo no atendieron esas reclamaciones.
El establecimiento, que disponía de licencia únicamente como restaurante, venía organizando celebraciones de distinta índole —bodas, bautizos, comuniones y fiestas— y además extendía su actividad a las zonas exteriores sin contar con autorización para ello. Esta situación generaba un importante malestar entre los residentes cercanos, que vivían a escasos metros de los jardines, debido a la concentración de personas, el uso de música de alta potencia y en ocasiones pirotecnia.
Aunque la normativa permitía el cierre del local como máximo a las 2:30 de la madrugada en viernes, sábados y vísperas de festivo, en la práctica algunos eventos se alargaban hasta las 5 o incluso las 6 de la mañana. Según las denuncias vecinales, los responsables del local eran conscientes de estas irregularidades.