EDATV El Supremo deja en suspenso el juicio al fiscal general por revelar secretos
La medida es excepcional: aunque la ley no lo permite, el juez actúa por «prudencia» para evitar consecuencias jurídicas no deseadas
El juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido suspender el proceso contra el fiscal general mientras se resuelven los recursos de apelación. La medida es excepcional: aunque la ley no lo permite, el juez actúa por «prudencia» para evitar consecuencias jurídicas no deseadas.
Álvaro García Ortiz fue procesado el 9 de junio por un presunto delito de revelación de secretos tras una denuncia de Alberto González Amador. El empresario, pareja de Ayuso, denunció la filtración de unos correos clave enviados a la Fiscalía durante su investigación tributaria.
El Supremo asumió el caso en octubre, cuando la UCO halló indicios de borrado de mensajes por parte del fiscal general en fechas clave. El informe policial revela que el 16 de octubre García Ortiz eliminó WhatsApp y la cuenta de Google Drive vinculada a sus dispositivos.
La Fiscalía justificó que los datos desaparecen automáticamente, pero el cambio de número y terminal generó dudas entre los instructores. Durante su declaración el 29 de enero, el fiscal calificó el registro de su despacho como “una entrada invasiva de derechos”.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz | Redes sociales
Sus palabras fueron interpretadas por juristas como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional y anular pruebas obtenidas. La Sala de Apelaciones del Supremo avaló en febrero el registro, incautación de móviles y demás dispositivos personales del fiscal.
La causa había comenzado en el TSJ de Madrid tras la nota pública de la Fiscalía sobre los correos del abogado de González Amador. El texto oficial informaba sobre una negociación para lograr conformidad en el caso de dos delitos fiscales admitidos por el empresario.
Hurtado procesó también a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por su participación en la filtración bajo secreto de sumario. Dos asociaciones de fiscales exigieron la dimisión de García Ortiz, aunque él reiteró su compromiso con la “integridad institucional”.
Las acusaciones piden hasta seis años de prisión, multa e inhabilitación, mientras su defensa insiste en archivar el caso por falta de pruebas.
El Ministerio Público también reclama la nulidad de todo el procedimiento y denuncia la “ausencia de base probatoria” del auto de Hurtado. Según fuentes jurídicas, la decisión de la Sala de Apelaciones será clave: puede dejar vía libre al juicio o forzar el archivo definitivo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz | Europa Press
Si el Supremo valida el procesamiento, el fiscal general y la fiscal jefe de Madrid quedarían a un paso de sentarse en el banquillo. Si lo revoca, se abriría un escenario incierto: desde un archivo total hasta una reapertura con nuevas diligencias judiciales.
El caso ha tensado al máximo las relaciones entre Fiscalía, Poder Judicial y Moncloa, que niega cualquier injerencia política. El juez Hurtado fue contundente: “La filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución que representa”.
El fiscal general, sin embargo, mantiene que no recibió órdenes de Presidencia y que las acusaciones buscan desestabilizar su cargo. El Supremo aún no fija fecha para resolver los recursos. La incertidumbre se mantiene y el juicio al fiscal sigue pendiente.
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