El instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha accedido a nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular de Hazte Oír
El juez del caso Begoña Gómez exige todos los correos y claves del software de la cátedra UCM. El juez del caso Begoña Gómez ha ordenado recabar todos los correos de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Según fuentes jurídicas, será la propia UCM quien deberá volcar las comunicaciones desde el correo oficial de la cátedra ya disuelta. La cátedra de Transformación Social Competitiva es el foco de la investigación por posible apropiación indebida de un software.
El instructor del caso, Juan Carlos Peinado, ha accedido a nuevas diligencias solicitadas por la acusación popular de Hazte Oír. Entre las medidas ordenadas, figura la petición a un directivo de Google para que entregue correos cruzados con Gómez.
También se solicitan los correos que intercambió con la asesora de Moncloa, imputada en esta misma causa judicial. El directivo, Miguel Rodríguez Bueno, declaró como testigo y ofreció entregar documentos que consideró relevantes para el caso.
Rodríguez fue el responsable técnico en Google del desarrollo del software impulsado por la cátedra dirigida por Gómez. El juez ha enviado requerimientos a las empresas que colaboraron gratuitamente en la creación de la citada plataforma.
Entre ellas figuran Google, Deloitte, Indra, Telefónica y Devoteam, con aportaciones superiores a los 300.000 euros. Estas compañías deberán entregar código fuente, ejecutables, repositorios y otros desarrollos digitales del software investigado.
El juzgado analiza si Begoña Gómez se apropió del programa creado como iniciativa 100% UCM con financiación externa.
El juez también ha requerido a la empresa proveedora de la web del proyecto la documentación del dominio registrado. Esa página web quedó a nombre de Gómez tras ser transferida por su colaboradora en la cátedra, Blanca de Juan.
Según el instructor, hay indicios de apropiación, ya que la UCM nunca ejerció derechos sobre el producto informático. El sitio web incluía la marca del software registrada por Gómez y utilizada como herramienta de promoción personal.
Peinado señala que el proyecto fue presentado como institucional, pero luego quedó vinculado a Gómez a título privado. Otra línea de investigación gira en torno al posible delito de intrusismo profesional por parte de la esposa del presidente.
Se indaga si Gómez firmó documentos vinculados a contratación pública sin tener cargo técnico en la universidad. No consta que fuera funcionaria ni que estuviera habilitada profesionalmente para elaborar dichos pliegos técnicos.
La instrucción del caso se ha centrado en esclarecer el origen, la titularidad y el uso del software desarrollado. También se estudian las posibles ventajas obtenidas por Gómez a través de la plataforma web y la marca registrada.
El juzgado analiza si hubo uso indebido de recursos universitarios para intereses ajenos a la UCM.
