Hazte Oír da un paso clave para frenar el control político de la Fiscalía. El Supremo le admite como acusación popular contra Álvaro Ortiz. La asociación ciudadana llevaba tiempo denunciando la falta de independencia en la Fiscalía. Ahora, la Justicia le da la razón al admitir su acción.
Desde la organización celebran esta decisión judicial como un logro para todos los españoles que exigen transparencia en las instituciones. Hazte Oír ha sido firme en su lucha por frenar los abusos de poder del Gobierno y defender la separación de poderes en un Estado de derecho.
Su equipo jurídico ha participado en numerosas causas donde la integridad institucional estaba en juego. Esta no será una excepción. La causa contra Álvaro Ortiz, fiscal nombrado por Pedro Sánchez, se instruye por supuestos vínculos con intereses políticos y partidistas.
El Supremo permite a Hazte Oír actuar como acusación popular, una figura que el PSOE lleva años intentando eliminar del sistema judicial. “La mejor forma de defender este derecho es ejercerlo con firmeza. Lo haremos con rigor y sin miedo”, explican desde la asociación.
Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos
Hazte Oír subraya que esta personación refuerza la lucha por una Fiscalía General del Estado independiente de La Moncloa y sus favores. “La justicia no puede ser un brazo más del Gobierno. Lucharemos para que la Fiscalía recupere su dignidad”, afirman con contundencia.
Desde hace más de un año, Hazte Oír participa activamente en causas ligadas al entorno del presidente y sus allegados más cercanos. Esta nueva acción se suma a otras en las que la asociación ha denunciado el deterioro institucional y la politización de la justicia.
Incluso antes de lograr personarse, ya habían alertado a la Unión Europea sobre la situación preocupante del Estado de Derecho en España. Hazte Oír pidió a Bruselas que tomara medidas ante el evidente intento del Gobierno por neutralizar a la justicia independiente.
Ahora, con el aval del Tribunal Supremo, la asociación da un golpe en la mesa que tendrá consecuencias en la escena política y jurídica. “El Gobierno quiere eliminar la acusación popular porque teme a los ciudadanos organizados. Nosotros no nos vamos a callar”, advierten.
El caso de Álvaro Ortiz es paradigmático. Su nombramiento fue duramente criticado por falta de imparcialidad y conexiones partidistas. Para Hazte Oír, es inaceptable que la Fiscalía, pilar básico del Estado, esté en manos de un operador político puesto a dedo por Sánchez.
“Luchamos por instituciones limpias, no por intereses privados disfrazados de legalidad”, repiten una y otra vez desde su equipo legal. El caso marcará un antes y un después en la defensa de la independencia judicial. La sociedad civil ha dicho basta y actúa con firmeza.
