La denuncia presentada por IE argumenta que el presidente Sánchez eludió el control parlamentario
El Tribunal Supremo ha aceptado la denuncia presentada por Iustitia Europa contra Sánchez. Por presunto desvío de más de 1.000 millones de euros destinados a la Guerra de Ucrania.
Luis María Pardo, presidente de IE, fundamenta la querella en los delitos recogidos en los artículos 404 y 433 del Código Penal español. Que regulan la malversación de fondos públicos y el uso indebido de patrimonio público.
La querella señala que Sánchez utilizó presuntamente los fondos aprobados en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de abril. Que inicialmente estaban destinados al refuerzo de las capacidades militares de España. Desviándolos para apoyar a Ucrania sin el debido control parlamentario.
Esta acción, según IE, podría constituir una violación del artículo 433 del Código Penal. Que penaliza a la autoridad o funcionario público que dé al patrimonio público una aplicación distinta a la establecida, especialmente si resulta en daño o entorpecimiento grave del servicio asignado.
Luis María Pardo ha explicado que el acuerdo del Consejo de Ministros especificaba que los fondos, valorados en 1.129.648.285,92 euros. Debían ser utilizados exclusivamente para el suministro de material militar para España.
Sin embargo, el pasado 27 de mayo, España y Ucrania firmaron un acuerdo bilateral en materia de seguridad. Destinando esos fondos al apoyo militar a Ucrania.
Este cambio en la aplicación de los fondos públicos, sin la debida autorización parlamentaria, es el núcleo de la denuncia de Iustitia Europa.
La denuncia presentada por IE argumenta que el presidente Sánchez eludió el control parlamentario. Una medida esencial para la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos públicos.
La acción del presidente podría constituir un ilícito penal bajo el artículo 433 del Código Penal. Que contempla penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años. Si se demuestra un daño o entorpecimiento grave del servicio.
Además, se prevén penas de inhabilitación de uno a tres años y multas de tres a doce meses. En casos donde no se demuestre un daño grave.
La aceptación de la denuncia por parte del Tribunal Supremo implica que se iniciará una investigación formal para determinar si efectivamente hubo malversación de fondos y uso indebido del patrimonio público. Este proceso legal podría tener implicaciones significativas para Pedro Sánchez y su gobierno. Dado el alto perfil de la denuncia y la cantidad sustancial de dinero implicada.
