Vox quiere llevar al Tribunal Supremo la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria de Ceuta y reclama investigar a Pedro Sánchez por su gestión de los hechos registrados en la ciudad autónoma. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha anunciado que promoverá la activación del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para determinar si existen responsabilidades penales.
La iniciativa de Vox se fundamenta, según ha explicado Abascal, en los "gravísimos hechos" ocurridos durante la crisis migratoria y en el supuesto conocimiento previo que habría tenido el Ejecutivo sobre la llegada masiva de inmigrantes. La formación considera que estos elementos podrían justificar una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado.
Abascal ha defendido públicamente la necesidad de que los hechos sean examinados por los tribunales. En un mensaje difundido en redes sociales, el líder de Vox ha asegurado que existen "indicios y evidencias más que suficientes" para activar el mecanismo constitucional y ha situado entre esos elementos el supuesto conocimiento previo del Gobierno sobre la situación que posteriormente se produjo en Ceuta.
El procedimiento que Vox pretende activar está contemplado en el artículo 102 de la Constitución española. Esta norma establece un mecanismo específico para exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno y a los miembros del Ejecutivo cuando las acusaciones se refieren a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha anunciado que promoverá la activación del procedimiento previsto en el artículo 102
Sin embargo, la formación de Abascal no cuenta por sí sola con los diputados necesarios para poner en marcha este procedimiento. La Constitución establece que la iniciativa debe ser presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y posteriormente necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara.
Ante esta limitación parlamentaria, Vox ha anunciado que pone a sus diputados a disposición de aquellos grupos que estén dispuestos a respaldar la iniciativa. La formación ha reclamado al resto de partidos que permitan que el procedimiento avance y que sea el Tribunal Supremo quien determine si existen responsabilidades penales.
El partido considera que la magnitud de la crisis migratoria registrada en Ceuta exige esclarecer cómo actuaron las autoridades españolas y qué información manejaban antes de que se produjera la llegada masiva de personas desde Marruecos. Vox pretende que estos elementos sean analizados dentro de una investigación judicial y no únicamente en el ámbito político.
La propuesta se produce después de una crisis que ha provocado una fuerte confrontación entre el Gobierno y la oposición. La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha abierto además un debate sobre el control de la frontera, la cooperación con Marruecos y la capacidad de respuesta de las instituciones españolas ante situaciones de presión migratoria.
El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha anunciado que promoverá la activación del procedimiento previsto en el artículo 102
Vox también recuerda que el Código Penal contempla dentro de su Título XXIII los delitos de traición y aquellos relacionados con la paz, la independencia y la seguridad del Estado. La formación considera que el contenido de estas normas debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar jurídicamente los hechos denunciados.
La iniciativa de Vox abre así un nuevo frente político y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Su recorrido dependerá ahora de que la formación consiga reunir los apoyos parlamentarios necesarios para activar el procedimiento constitucional y trasladar la cuestión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En caso de que la propuesta reúna los apoyos exigidos, será la Justicia la encargada de valorar si existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades. Hasta entonces, Vox continuará buscando respaldo entre otros grupos parlamentarios para impulsar una iniciativa que pretende llevar al ámbito judicial la actuación del Ejecutivo durante la crisis de Ceuta.
