El partido Sumar vuelve a camuflar ideología bajo el discurso de la “protección a las mujeres”. Su nueva propuesta busca prohibir protestas, rezos o presencia activa a menos de doscientos metros de clínicas abortivas. El objetivo real no es proteger, sino blindar el aborto frente a cualquier discrepancia pública.
Desde el entorno de Yolanda Díaz se vende la medida como respuesta al supuesto acoso. Pero apunta directamente contra ciudadanos que ejercen pacíficamente su libertad de expresión. Bajo el feminismo institucional, Sumar impulsa un cordón sanitario ideológico.
La iniciativa permitiría intervenir incluso sin denuncia previa, ampliando actuaciones policiales contra personas que solo rezan o muestran carteles provida. No se persiguen delitos, se persigue opinión. El Gobierno vuelve a confundir protección con censura.
Zonas de exclusión para silenciar la disidencia
El planteamiento copia modelos extranjeros donde ya se restringieron derechos fundamentales alrededor de centros abortivos. Sumar pretende normalizar que el Estado decida qué ideas pueden expresarse en el espacio público. Doscientos metros de silencio obligatorio para quien no comulgue con la agenda oficial.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez respalda esta deriva mientras presume de democracia avanzada. Pero una democracia que castiga la disidencia pacífica deja de ser plural. El aborto pasa a convertirse en territorio políticamente intocable.
