Redes sociales Sumar blinda el aborto con zonas de exclusión y multas: protestar o rezar a menos de doscientos metros de clínicas ya será delito
La medida daría poder policial sin denuncia previa contra quienes rezan o muestran carteles provida
El partido Sumar vuelve a camuflar ideología bajo el discurso de la “protección a las mujeres”. Su nueva propuesta busca prohibir protestas, rezos o presencia activa a menos de doscientos metros de clínicas abortivas. El objetivo real no es proteger, sino blindar el aborto frente a cualquier discrepancia pública.
Desde el entorno de Yolanda Díaz se vende la medida como respuesta al supuesto acoso. Pero apunta directamente contra ciudadanos que ejercen pacíficamente su libertad de expresión. Bajo el feminismo institucional, Sumar impulsa un cordón sanitario ideológico.
La iniciativa permitiría intervenir incluso sin denuncia previa, ampliando actuaciones policiales contra personas que solo rezan o muestran carteles provida. No se persiguen delitos, se persigue opinión. El Gobierno vuelve a confundir protección con censura.
Zonas de exclusión para silenciar la disidencia
El planteamiento copia modelos extranjeros donde ya se restringieron derechos fundamentales alrededor de centros abortivos. Sumar pretende normalizar que el Estado decida qué ideas pueden expresarse en el espacio público. Doscientos metros de silencio obligatorio para quien no comulgue con la agenda oficial.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez respalda esta deriva mientras presume de democracia avanzada. Pero una democracia que castiga la disidencia pacífica deja de ser plural. El aborto pasa a convertirse en territorio políticamente intocable.
La propuesta no refuerza ayudas a madres vulnerables ni amplía recursos de acompañamiento psicológico. Tampoco ofrece alternativas reales al aborto. Solo criminaliza al discrepante.
Sumar blinda el aborto con zonas de exclusión y multas: protestar o rezar a menos de doscientos metros de clínicas ya será delito | Europa Press
Feminismo de decreto y libertad bajo vigilancia
Sumar habla de seguridad mientras amplía el control del Estado sobre calles y aceras. Cualquier persona que intente ofrecer ayuda o expresar rechazo al aborto podría ser sancionada. El mensaje es claro: solo una postura es aceptable.
El Gobierno ya promovió reformas con fallos técnicos graves y ahora vuelve a legislar desde la ideología. La libertad de expresión queda subordinada al activismo institucional. La pluralidad desaparece bajo perímetros policiales.
España avanza hacia un modelo donde rezar puede ser castigado y protestar pacíficamente se convierte en infracción administrativa. No es protección, es control. Y el aborto vuelve a utilizarse como herramienta política por un Ejecutivo incapaz de respetar la diversidad moral.
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