El lunes 26 de mayo precipitó la detención de Martínez, que estaba prevista para el viernes 30 de mayo
La noche del martes 27 de mayo, poco antes de las diez, estalla la noticia. Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior con el PP, es detenido.
Lo arrestan junto a José Luis Huertas, alias Alcasec, un joven hacker. La operación la ejecuta la Comisaría General de Información.
La información la adelanta El Independiente. Desde las seis y media de la mañana, la Policía ya registraba su vivienda.
Lo curioso es el contexto. Solo un día antes, el lunes 26, El Confidencial publica unos audios explosivos. En ellos, Leire Díez de Castro —la llamada "fontanera de Ferraz"— ofrece favores judiciales.
Todo a cambio de datos que perjudiquen a Antonio Balas, jefe de la UCO. El objetivo es claro: hundir la credibilidad de la Guardia Civil y su labor investigadora sobre el PSOE, el Gobierno y la familia de Sánchez.
Según Vozpópuli, la detención de Martínez estaba prevista para el viernes 30. Pero, tras los audios, todo se adelanta de forma sospechosa.
El nuevo calendario no parece casual. La jugada huele a cortina de humo. Una maniobra para tapar el escándalo que salpica al núcleo duro del PSOE.
La orden la dicta el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por María Tardón. El 29 de mayo, envía a Martínez a prisión provisional. Le atribuye un papel clave en una presunta red criminal dedicada al robo y venta de datos públicos y privados.
Pero este jueves, la Fiscalía cambia de criterio y pide su libertad. Y la juez accede. Llama la atención la rapidez con la que revierte la medida.
Alega que ya no hay riesgo de que Martínez destruya pruebas. No entra, eso sí, a valorar el recurso de la defensa presentado días antes.
La defensa recuerda que el mayor temor del fiscal era que Martínez borrara datos vinculados a sus clientes, no los archivos sustraídos por Alcasec y almacenados en un servidor suizo. Un matiz importante. Porque se pone en duda la motivación real de la prisión preventiva.
Martínez, además, había sido abogado de Huertas en 2021. Entonces, el joven fue arrestado por hackear el Ayuntamiento de Granada.
El ex alto cargo del PP asegura que solo ayudó a crear dos empresas para el hacker. Nada más. Niega haber llevado la contabilidad o administración de esas sociedades, hoy bajo investigación.
La coincidencia de fechas y la súbita detención siembran sospechas. ¿Fue una orden judicial o una jugada política? La sombra de Marlaska planea sobre esta historia. ¿Se quiso tapar un escándalo mayor sacrificando a un viejo conocido del Ministerio?
