El sospechoso aumento de ganancias del socio de Cerdán en solo un año

El caso de Santos Cerdán sigue dando de qué hablar. Esta vez, por la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Servinabar 2000 SL. Supuestamente, según Vozpópuli, habría conseguido un notable incremento en su volumen de negocio desde 2020.

Esta evolución no pasó desapercibida para la Hacienda Foral de Navarra, que lo reflejó en un informe remitido al Tribunal Supremo. La empresa fue creada en 2013.

Se trata de una empresa perteneciente a Antxón Alonso. Según el medio, en 2020, la empresa empezó a percibir fondos vinculados a una de las adjudicaciones más significativas promovidas por el Gobierno de Navarra.

Recordemos que en aquel momento estaba liderado por Geroa Bai, formación política asociada al PNV. Como resultado de estos contratos, la compañía logró multiplicar sus ganancias por cinco en el ejercicio siguiente.

En solo un año, una pequeña ganancia de poco más de 18.000 euros se transformó en un beneficio superior a los 150.000 euros, según los datos fiscales correspondientes a 2020.

Este salto tuvo como origen los ingresos procedentes de proyectos de obra pública en los que la empresa participó junto a Acciona mediante una UTE.

Cabe recordar que esa misma sociedad había despertado el interés del exsecretario de organización del PSOE, quien trató de adquirir el 45% de su capital poco antes de que se produjera este notable crecimiento.

Artimaña de Cerdán

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para pedir su excarcelación. Actualmente, se encuentra  en prisión  preventiva en Soto del Real, acusado de delitos graves como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Su defensa, liderada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo,  basa su estrategia en dos sentencias internacionales. Una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de  Rumanía  y otra de un tribunal alemán de 1968. Estas decisiones, según los letrados, refuerzan la necesidad de respetar la  presunción de inocencia y los derechos fundamentales de los investigados.

La sentencia rumana, conocida como el caso Barbulescu, establece límites al control empresarial de comunicaciones privadas. Cerdán y su equipo argumentan que las grabaciones obtenidas por la Guardia Civil, clave en su imputación, podrían vulnerar este principio. Alegan que los audios, extraídos de los dispositivos de Koldo García, no cumplen con las garantías de proporcionalidad y necesidad.