El juicio de las mascarillas sigue dejando derivadas políticas y, esta vez, con impacto directo en Andalucía. En plena campaña electoral, una declaración en el Tribunal Supremo ha reabierto dudas sobre cómo se gestionaron determinados movimientos desde el Ministerio de Hacienda cuando María Jesús Montero estaba al frente.
El caso, que ya venía salpicando a distintos cargos, introduce ahora un elemento incómodo para la candidata socialista, justo cuando intenta centrar el debate en propuestas y alejarse del ruido judicial.
En este contexto, un funcionario de Hacienda ha asegurado ante el Tribunal Supremo que Carlos Moreno, jefe de gabinete de la entonces ministra, le dio una "orden" para trasladar a la Agencia Tributaria la solicitud de una empresa vinculada a Víctor de Aldama para aplazar un embargo.
El técnico, Ignacio Granada, dejó claro que no actuó por iniciativa propia ni dentro de un trámite habitual. «Se me ordenó que lo trasladase a la Agencia Tributaria. Yo, en cumplimiento de la orden de mi superior jerárquico, lo trasladé», explicó durante su declaración.
Una versión que no encaja con la de Montero
Lo relevante es que este testimonio no coincide con lo que defendió la propia Montero durante la instrucción. La dirigente socialista sostuvo entonces que esa comunicación se había remitido al funcionario únicamente para su valoración técnica, no como una instrucción directa.
