González Amador argumenta que fue tratado no como ciudadano anónimo, sino como pareja de la presidenta madrileña
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, solicita al Supremo procesar al fiscal general por revelar datos confidenciales. Acusa a Álvaro García Ortiz y a Pilar Rodríguez de difundir información reservada sobre su caso fiscal entre el 7 y 14 de marzo de 2024.
González Amador argumenta que fue tratado no como ciudadano anónimo, sino como pareja de la presidenta madrileña, vulnerando su intimidad.
Señala que la información filtrada incluye su expediente tributario y correos entre su abogado y la Fiscalía sobre un posible acuerdo. El abogado Carlos Neira declaró que González Amador autorizó negociar un pacto con la Fiscalía, admitiendo los delitos fiscales imputados.
Sin embargo, González Amador sostiene que solo se discutió la posibilidad de un pacto en octubre de 2023 sin decisión concreta.
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, pidió al Supremo archivar la causa, alegando que fue González Amador quien reveló sus datos fiscales. Rodríguez afirma que se limitó a cumplir órdenes del fiscal general, recopilando información para desmentir rumores de un pacto.
Periodistas de EL PAÍS declararon que conocieron detalles del pacto 31 horas antes de que el fiscal general tuviera conocimiento oficial. Esto sugiere que la filtración pudo provenir de fuentes de la Fiscalía de Madrid, no directamente del fiscal general.
El juez Ángel Hurtado investiga cómo los medios accedieron a los correos antes de la nota informativa de la Fiscalía. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que la filtración solo pudo haber salido de la Fiscalía.
Lastra afirmó que dijo a García Ortiz que él había filtrado los correos, a lo que este respondió: "Eso no importa ahora". El Supremo prorrogó seis meses la investigación al fiscal general por la desaparición de información en sus dispositivos.
Se han solicitado comisiones rogatorias a Irlanda para recuperar datos y continuar con la investigación tecnológica. La Abogacía del Estado pidió anular el registro al fiscal general y borrar los archivos incautados por la Guardia Civil.
Argumentan que la acción del juez Hurtado careció de proporción y vulneró derechos fundamentales del fiscal general. El Tribunal Supremo desestimó por unanimidad el recurso del fiscal general contra la entrada y registro en su despacho.
Considera que la difusión del correo pudo causar perjuicio a la defensa de González Amador, lesionando su presunción de inocencia. El caso continúa abierto, con el Supremo investigando la posible revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado.
