Sanidad alega "incertidumbre económica" para vetar donanemab, el prometedor tratamiento contra el alzhéimer

El Ministerio de Sanidad ha rechazado financiar donanemab, uno de los tratamientos más prometedores para ralentizar la progresión del alzhéimer. El departamento dirigido por Mónica García atribuye la decisión a la falta de un acuerdo económico con las compañías farmacéuticas. En concreto, asegura que no ha sido posible establecer un "techo de gasto compartido".

La negativa ha provocado una dura reacción entre neurólogos, pacientes y familiares, que consideran la medida un grave retroceso asistencial. El fármaco está dirigido a personas que se encuentran en las primeras fases de la enfermedad. El paso del tiempo resulta especialmente relevante, ya que los afectados pueden dejar de cumplir los criterios clínicos necesarios para recibirlo.

Sanidad sostiene que existe "incertidumbre económica" sobre el impacto que tendría incorporar esta terapia al Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los especialistas recuerdan que donanemab cuenta con el aval de organismos reguladores europeos y españoles. También denuncian que el bloqueo impide modernizar la atención pública al alzhéimer.

Sanidad admite que no ha logrado un acuerdo económico

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado en una carta pública las razones de la decisión. Según su versión, el Ministerio reclamó garantías para impedir un aumento del gasto que pudiera comprometer otras partidas sanitarias. También aludió a la necesidad de crear circuitos asistenciales específicos para controlar los posibles riesgos del tratamiento.

Padilla ha defendido que las condiciones económicas debían asegurar un acceso "equitativo y sostenible". No obstante, el propio Ministerio reconoce que llevaba más de un año negociando la incorporación de los nuevos medicamentos autorizados contra el alzhéimer. El principal obstáculo habría sido la negativa de los laboratorios a aceptar las condiciones planteadas por el Gobierno.

"Lamentablemente, dicho acuerdo no ha sido posible al no aceptarse por las compañías las condiciones planteadas", ha señalado el secretario de Estado. Esta explicación ha reforzado las críticas de quienes consideran que la exclusión responde principalmente a motivos presupuestarios. Los especialistas cuestionan que el gasto prevalezca sobre los posibles beneficios para los pacientes.

Neurólogos y pacientes denuncian un "retroceso histórico"

La Sociedad Española de Neurología ha advertido de las consecuencias clínicas, éticas y sociales de la decisión. La organización lamenta que se deniegue una terapia avalada por la Agencia Europea del Medicamento a pacientes que podrían retrasar la evolución de la enfermedad. También alerta del riesgo de aumentar las desigualdades entre las familias.

Los neurólogos sostienen que limitar el acceso a quienes puedan pagar el tratamiento por la vía privada perjudica la equidad del sistema sanitario. Además, advierten de que el veto frenará la adaptación de los hospitales y la formación de los profesionales. España podría quedar rezagada frente a otros países que ya han incorporado estas terapias.

La Confederación Española de Alzheimer ha acusado al Gobierno de "condenar a los pacientes al abandono". La entidad califica la decisión de "injustificable" y de "traición histórica" para las personas afectadas. También recuerda que cada semana perdida puede dejar definitivamente fuera del tratamiento a nuevos pacientes.