Cinco meses después de la devastadora Dana que afectó gravemente a diversas comarcas de la provincia de Valencia, el Gobierno central ha rechazado el 68% de las peticiones de ayuda presentadas por la Generalitat Valenciana. Estas solicitudes, formuladas por las diferentes consellerias, pretendían acelerar la recuperación económica, social y de infraestructuras en las zonas damnificadas.
A pesar de que se constituyeron grupos de trabajo conjuntos entre ambas administraciones, la mayoría de los planteamientos del Consell han sido ignorados o descartados, lo que ha generado frustración y preocupación en el ejecutivo autonómico. De las 58 medidas propuestas, solo 18 han sido aceptadas, y muchas de ellas sin compromisos económicos directos.
Las áreas más afectadas por los rechazos del Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyen sanidad, servicios sociales, educación, vivienda, infraestructuras y atención a la salud mental. Entre las peticiones denegadas destacan 1.134 millones para reparar colegios e institutos, 250 millones para centros sociosanitarios, 140 millones para centros sanitarios, y 45 millones para abonar prestaciones por dependencia.
En materia de vivienda, el Consell solicitó apoyo para realojos y rehabilitación de inmuebles dañados, incluyendo el uso de las viviendas de la Sareb. Sin embargo, solo se han facilitado 92 de las 1.050 solicitadas. Tampoco se han aprobado medidas fiscales clave, como la exención del IBI o reducciones en el IAE para afectados.
Especialmente preocupante resulta la falta de respuesta en el ámbito de la salud mental: el Gobierno anunció 14 unidades de emergencia, pero solo ha confirmado 9, de las cuales 8 serían para la Comunitat Valenciana. Cuatro meses después, estas unidades aún no se han desplegado.
El desequilibrio entre ambas administraciones es evidente. Mientras el Estado cuenta con un presupuesto superior a los 386.000 millones de euros, la Generalitat debe afrontar las obras con un presupuesto doce veces menor y con limitada capacidad de financiación. Además, continúa pendiente una reforma del sistema de financiación autonómica que compense la infrafinanciación histórica que sufre la Comunitat Valenciana.
A todo ello se suma la falta de un Fondo de Nivelación y el bloqueo del FLA extraordinario, que priva a los valencianos de más de 3.000 millones en recursos esenciales. El Consell denuncia que, pese a sus esfuerzos, sigue reconstruyendo en solitario.
