El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por declarar secretos o reservados parte de los documentos vinculados a la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada en abril por el Consejo de Ministros, según La Razón. Se trata de una medida que, según cálculos del propio Ejecutivo, beneficiará a más de 500.000 personas. La información se ha conocido a través de una respuesta enviada al Partido Popular en el Congreso y ha aumentado la polémica política en torno a esta iniciativa.
El hecho de que parte de la documentación haya sido clasificada ha generado todavía más críticas sobre un proceso que ya despertaba preocupación en distintos sectores, especialmente dentro de la Policía Nacional. Según recoge Vozpópuli, sindicatos policiales como Jupol consideran que la regularización podría convertirse en un “balón de oxígeno” para las mafias dedicadas al tráfico de personas y drogas, al lanzar el mensaje de que futuras regularizaciones podrían facilitar la permanencia en España.
Desde el ámbito policial advierten de que estas redes criminales podrían aprovechar la medida para incentivar nuevos flujos migratorios, utilizando la expectativa de regularizaciones masivas como reclamo para captar personas y lucrarse con desplazamientos de alto riesgo. Además, alertan de las consecuencias directas sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, que tendrían que asumir un importante aumento de trámites administrativos relacionados con identificaciones, revisión de expedientes y concesión de permisos de residencia.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo permitiría regularizar a inmigrantes que acrediten cinco meses de residencia en España, incluso sin necesidad de un vínculo laboral. Esto supone una diferencia respecto al proceso llevado a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, cuando la regularización estaba condicionada a la obtención de empleo. Paralelamente, también se cuestiona que el Gobierno pretenda sacar adelante la medida mediante un Real Decreto, evitando el debate parlamentario, lo que ha reabierto la discusión sobre los límites legales y políticos de la actuación del Ejecutivo en materia migratoria.
