Pedro Sánchez ha anunciado que limitará la publicidad institucional: "Hay medios que no tienen lectores"
Pedro Sánchez tiene previsto incluir en su paquete de medidas para la regeneración democrática una modificación. Esta en el ámbito de la ley de publicidad institucional.
El objetivo, según el propio Sánchez, es limitar el uso de fondos públicos destinados a los medios de comunicación. El presidente del Gobierno comparecerá ante el Congreso el próximo 17 de julio para proporcionar todos los detalles.
Además, será tras el verano cuando comenzarán las negociaciones con los grupos parlamentarios. Todo ello con el fin de impulsar esta medida y otras iniciativas.
La intención del jefe del Ejecutivo es establecer un "máximo" de financiación a los medios. Según él, porque algunos "no tienen lectores, sólo recursos públicos". Este cambio en la ley de publicidad institucional afectará también al dinero que destinan ayuntamientos y comunidades autónomas.
Se trata de una norma, señaló, que ya ha cumplido 20 años. Según traslada "no incorpora el fenómenos de la digitalización".
Se ha excusado en que es necesario incorporar elementos de "transparencia". "Con recursos públicos se esté financiando la desinformación", señaló.
El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha iniciado un ambicioso plan para intervenir en la financiación y la regulación de los medios de comunicación. Este movimiento, disfrazado de un esfuerzo por la transparencia y la regeneración democrática, ha levantado preocupaciones sobre la libertad de prensa y el control gubernamental sobre los medios críticos, como EDATV.
El plan del Gobierno incluye la implementación de un reglamento de la Unión Europea que exige transparencia en la financiación pública de las empresas informativas. Pedro Sánchez y su equipo buscan que los medios de comunicación adopten un código ético, reconociéndose como "empresas sociales". Esta designación obligaría a los medios a publicar su financiación privada para evitar conflictos de intereses, aunque la adhesión al código no sería obligatoria.
Las fuentes gubernamentales indican que el objetivo es evitar colisiones entre la información publicada y los intereses de los accionistas. Este enfoque permitiría identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes, generando presión social y mediática para que cumplan con estas nuevas normativas.
La Asociación de la Prensa de Madrid ha mostrado cierto apoyo a la medida. Destacando la necesidad de una mayor transparencia sobre los propietarios de los medios y los fondos que reciben. Sin embargo, también han expresado preocupación por las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo periodístico.
En un comunicado, la APM subrayó la importancia de mantener la independencia de los medios y evitar que las medidas de transparencia se utilicen como una herramienta de control gubernamental. La organización destacó que cualquier intento de restringir la libertad de prensa debe ser observado con cautela y criticado cuando sea necesario.
