La situación judicial del líder de Junts se ha convertido en un elemento central de la negociación entre el Ejecutivo y el independentismo catalán
Pedro Sánchez ha reforzado su estrategia política con el objetivo de volver a contar con el respaldo de Carles Puigdemont en una fase decisiva de la legislatura.
La situación judicial del líder de Junts se ha convertido en un elemento central de la negociación entre el Ejecutivo y el independentismo catalán. Pese a los obstáculos legales, el Gobierno ha acelerado acuerdos con socios parlamentarios para reforzar su posición en el Congreso.
Uno de los primeros pasos fue el acuerdo alcanzado en diciembre con Bildu para prorrogar varias medidas del denominado escudo social. Este pacto permitió al Ejecutivo garantizar apoyos en votaciones clave y enviar señales de estabilidad al bloque que sostiene al Gobierno.
El 8 de enero, Sánchez recibió en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión de alto contenido estratégico. En ese encuentro se abordó la reforma del sistema de financiación autonómica planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La propuesta afecta a las comunidades de régimen común y supone un cambio relevante en el reparto de recursos territoriales.
El acuerdo con ERC fue interpretado como un gesto dirigido a recomponer puentes con el independentismo catalán.
Posteriormente, el Ejecutivo cerró un pacto con el PNV para el traspaso de cinco competencias pendientes desde hace años. Entre ellas figuran el subsidio de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. El acuerdo fue firmado el pasado martes en la Moncloa por Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales.
Este entendimiento refuerza la relación del Gobierno con el PNV en un contexto de negociación permanente.
Además, el lunes el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Podemos para regularizar a más de medio millón de migrantes.
La medida fue aprobada mediante Real Decreto, evitando su paso por el Congreso de los Diputados.
Esta vía permitió al Gobierno sortear posibles bloqueos parlamentarios en una Cámara altamente fragmentada. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional mantiene la vigencia de la orden de detención sobre Carles Puigdemont.
La situación judicial del dirigente de Junts condiciona cualquier avance en la aplicación efectiva de la ley de amnistía. Pese a ello, el Gobierno continúa los contactos para asegurar el respaldo de Junts en futuras votaciones. El apoyo del partido independentista catalán es considerado clave para garantizar la estabilidad parlamentaria.
La estrategia del Ejecutivo pasa por cerrar acuerdos sectoriales que consoliden la mayoría de investidura. Las próximas semanas serán determinantes para comprobar si estos movimientos logran asegurar el apoyo de Puigdemont.
