El juez apunta a presiones al fiscal Grinda y a Carmen Pano en la trama vinculada a Leire Díez
porRafael Alejandro Escalona
politica
La Audiencia Nacional analiza ahora comunicaciones, documentos y movimientos económicos para determinar el alcance de la supuesta red
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La Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre la presunta red que habría intentado intervenir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el entorno del Gobierno. El juez Santiago Pedraz ha ampliado las diligencias y pone el foco en posibles maniobras dirigidas contra el fiscal José Grinda y la empresaria Carmen Pano.
En el auto judicial, el magistrado analiza la existencia de una estructura organizada que supuestamente buscaba frenar investigaciones sensibles mediante diferentes métodos. Entre las personas señaladas aparece la exmilitante socialista Leire Díez, a la que el juez sitúa como una figura clave dentro de la coordinación de los movimientos investigados.
La resolución sostiene que la trama tendría conexiones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según las pesquisas, la organización habría desplegado distintas actuaciones para tratar de influir en causas consideradas perjudiciales para el partido y para miembros del Ejecutivo.
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el del fiscal José Grinda. El juez investiga si existieron intentos de aproximación o presiones encaminadas a alterar el desarrollo de procedimientos judiciales relacionados con corrupción y delitos económicos.
Pedraz también incluye en las diligencias a Carmen Pano, investigada en una causa vinculada al negocio de los hidrocarburos. La empresaria aseguró haber trasladado 90.000 euros en efectivo hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz, una declaración que provocó nuevas líneas de investigación dentro del procedimiento.
La resolución judicial señala que el entramado habría intensificado sus movimientos tras la salida de prisión del empresario Víctor de Aldama el pasado 21 de noviembre de 2024. A partir de ese momento, según el juez, se incorporaron nuevas personas al núcleo operativo de la presunta organización.
Entre esos nombres figuran los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que habrían participado en actuaciones relacionadas con investigaciones del sector energético y de hidrocarburos. El magistrado considera que esas causas preocupaban especialmente a los implicados por sus posibles consecuencias políticas y judiciales.
La Audiencia Nacional analiza ahora comunicaciones, documentos y movimientos económicos para determinar el alcance de la supuesta red. El juez intenta esclarecer si existió una estrategia coordinada para intervenir en investigaciones abiertas en distintos juzgados.
Las pesquisas continúan abiertas y el magistrado mantiene varias líneas activas para aclarar el papel desempeñado por cada uno de los investigados.
