El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el Plan de Acción por la Democracia en una de sus iniciativas clave. Pese a ser una de las campañas de mayor inversión en publicidad institucional, Sánchez también busca asfixiar a medios críticos como EDATV.
El Ejecutivo destinará 7,8 millones de euros en 2025 para promocionar este plan, situándolo entre los mayores gastos en comunicación del Estado. Mientras, muchos medios que cuestionan la gestión del Gobierno enfrentan presiones y dificultades económicas.
Según el Plan de Publicidad Institucional, la iniciativa "El valor de las libertades y la democracia en España" será la tercera más costosa. Solo la superan la declaración de la renta (9 millones) y la seguridad vial de la DGT (11,4 millones).
Esta campaña se extenderá hasta 2026 y superará los 8 millones de euros en total. Su objetivo, según el Gobierno, es combatir la desinformación y reforzar los valores democráticos mediante televisión, radio, prensa e internet.
Sorprende que esta iniciativa reciba más fondos que campañas sociales esenciales. La lucha contra la violencia de género tendrá 5,9 millones y las becas educativas solo 850.000 euros. Por otro lado, la información sobre el Ingreso Mínimo Vital apenas contará con 1,8 millones.
La "ley Begoña" y el control de la prensa
Bajo este plan, el Ejecutivo impulsa la llamada "ley Begoña", que restringe el impacto de las investigaciones periodísticas en los procesos judiciales. Si se aprueba, la instrucción quedaría exclusivamente en manos de la Fiscalía, controlada por el Gobierno.
Esta maniobra permitiría al Gobierno aumentar su control sobre Talgo y colocar a afines en el consejo de administración.
Además, Sánchez pretende modificar la Ley de Protección del Derecho al Honor para imponer rectificaciones obligatorias con indemnizaciones. Este mecanismo castigará a medios que publiquen información que el Gobierno considere "tendenciosa".
El plan también busca reforzar la vigilancia sobre redes sociales y plataformas digitales. El Gobierno pretende dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de capacidad sancionadora.
Si se aprueba la reforma, la CNMC podría multar con hasta 600.000 euros a tecnológicas como Google, Facebook, X o WhatsApp. Incluso se contempla prohibir su actividad en España por infracciones graves.
El Gobierno intenta relanzar esta medida dentro de un nuevo paquete legislativo, pero enfrenta la oposición de sus aliados.
Junts ha expresado su rechazo, argumentando que el control digital afecta competencias autonómicas, lo que ha frenado su inclusión en el segundo decreto ómnibus.
Esta apuesta por el control informativo coincide con un aumento del gasto en publicidad institucional, beneficiando a medios afines mientras se castiga a quienes incomodan. Se consolida así una estrategia que prioriza la propaganda oficialista sobre la pluralidad informativa.
