La gestión de la emergencia de la DANA del 29 de octubre en la Comunitat Valenciana sigue siendo objeto de críticas políticas por parte de la izquierda, pese a que el tratamiento que se está dando a la Generalitat contrasta de forma llamativa con lo ocurrido en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, donde se registraron incluso víctimas mortales y ni siquiera se activaron mecanismos básicos como el Cecopi.
Mientras a la Generalitat Valenciana se le exige la máxima contundencia técnica y política, en Castilla-La Mancha el Gobierno de Emiliano García-Page no convocó el Cecopi, no activó la fase 2 de emergencia durante horas y no solicitó la intervención de la UME pese a que en la localidad de Letur (Albacete) murieron seis personas, hubo decenas de viviendas arrasadas y más de 60 vecinos tuvieron que ser evacuados a un colegio habilitado como albergue provisional.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido un aviso naranja y, posteriormente, un aviso especial por lluvias extremas, pero la Junta no elevó el nivel de emergencia hasta pasadas las 15:00 horas del día 29, y no fue hasta la madrugada del día 30 cuando se pasó a situación 2 de emergencia en la provincia de Cuenca, ya con los hechos consumados.
En Málaga, ese mismo 29 de octubre, AEMET declaró la alerta roja por lluvias torrenciales en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Se produjeron inundaciones graves, vehículos arrastrados, personas atrapadas y una víctima mortal. Sin embargo, la Junta de Andalucía, también gobernada por el PP, no convocó Cecopi ni pidió ayuda a la UME. Pese a ello, la presión política y mediática fue muy inferior a la que se está ejerciendo ahora contra la Generalitat Valenciana.
Frente a ello, el Consell que preside Carlos Mazón sí activó el Cecopi y movilizó recursos ante la información disponible. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras autonomías, la Generalitat ha sido objeto de ataques continuos, incluso personales, a conselleras como Salomé Pradas, mientras en otras regiones no se ha cuestionado la gestión ni desde el Gobierno central ni desde los partidos que hoy exigen explicaciones en Les Corts.
La asimetría en la exigencia de responsabilidades revela un uso claramente partidista de la tragedia. La gestión de las DANAs, como cualquier emergencia, debe ser evaluada con criterios técnicos, no con varas de medir según el color político.
