Sánchez destinó millones de euros públicos para un colegio en Marruecos
Sánchez y el dineral destinado a un colegio en Marruecos
porJose Andres Jorge Barceló
politica
Este incremento superior a cinco millones de euros ha suscitado críticas por parte de distintos sectores, que cuestionan la gestión del gasto público
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 15 millones de euros de dinero público a la construcción de un colegio en Marruecos, un proyecto que se enmarca en un acuerdo bilateral con el rey Mohamed VI y que ha generado controversia tanto por su coste como por su tramitación.
La iniciativa se remonta a 2020, en plena crisis sanitaria de la covid-19, cuando el Ejecutivo aprobó una inversión inicial de 17,3 millones de euros para levantar un centro educativo en Rabat. El contrato fue adjudicado en abril de 2021 a una empresa constructora, con un plazo de ejecución estimado de 36 meses.
Sánchez destina millones a Marruecos
Incremento del coste y retrasos en la ejecución
Seis años después del inicio del proyecto, el presupuesto ha aumentado de forma significativa. Según la documentación oficial, el coste total de la obra asciende actualmente a más de 21,6 millones de euros, a los que se suman cerca de 660.000 euros en servicios de redacción y planificación.
Este incremento superior a cinco millones de euros ha suscitado críticas por parte de distintos sectores, que cuestionan la gestión del gasto público en un contexto de presión económica interna.
El centro educativo se encuentra en la fase final de construcción y está ubicado en el barrio de Agdal, en la capital marroquí, una zona estratégica cedida por el Gobierno de Marruecos.
Un acuerdo bilateral en el origen del proyecto
La construcción del colegio forma parte de un acuerdo entre España y Marruecos mediante el cual el país norteafricano cedió gratuitamente un terreno de dos hectáreas para el desarrollo del proyecto.
Maqueta del colegio en Marruecos
El objetivo de este tipo de infraestructuras es reforzar la red de centros educativos españoles en el exterior, destinados principalmente a ciudadanos españoles residentes en otros países, así como a fomentar la cooperación educativa internacional.
Sin embargo, el contexto político del acuerdo ha contribuido a alimentar la polémica, especialmente en relación con las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Observaciones del Tribunal de Cuentas
Uno de los principales focos de controversia se encuentra en las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de España, que ha analizado el expediente de contratación del proyecto.
En su informe, el órgano fiscalizador señala deficiencias en la tramitación y documentación del contrato, incluyendo la falta de justificación de determinados elementos y la ausencia de documentación exigida en algunos apartados.
Estas observaciones se enmarcan dentro de una revisión más amplia de contratos públicos, pero han puesto el foco en este proyecto concreto debido a su volumen económico y su carácter internacional.
