El Gobierno ha aprobado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sin consultar a las comunidades más afectadas por la acogida. Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana asumirán la mayor parte de los menores extranjeros no acompañados, mientras Cataluña acogerá solo 27.
El acuerdo con Junts ha permitido que Cataluña, Melilla y Baleares se libren de asumir un número significativo de menores migrantes en su territorio. El Consejo de Ministros aprobó la medida este martes. Con el respaldo del Gobierno y el beneplácito de los separatistas de Junts para seguir en Moncloa.
Según datos del Gobierno, Madrid deberá acoger 806 menores, Andalucía 795 y Comunidad Valenciana 478, mientras otras regiones asumirán muchos menos. La desigual distribución ha generado indignación, ya que las comunidades gobernadas por el PP son las más perjudicadas por la decisión del Ejecutivo.
El acuerdo con Junts ha permitido que Cataluña, Melilla y Baleares se libren de asumir un número significativo de menores migrantes en su territorio.
El argumento del Gobierno es que Cataluña y Melilla han hecho un "esfuerzo previo", por lo que se les reduce la carga en el reparto de menores migrantes. Sin embargo, los criterios empleados son cuestionables, ya que algunas comunidades con gran presión migratoria apenas han recibido menores extranjeros.
La Comunidad de Madrid, que ya enfrenta un colapso en sus servicios sociales. Será la región que más menores tendrá que recibir tras el nuevo reparto. Andalucía, que ya ha alertado sobre la falta de recursos para gestionar esta crisis migratoria, también verá un aumento significativo en la acogida.
El argumento del Gobierno es que Cataluña y Melilla han hecho un "esfuerzo previo", por lo que se les reduce la carga en el reparto de menores migrantes
El reparto no solo es desigual, sino que parece diseñado para beneficiar a las comunidades aliadas del Gobierno. Además, castigar a las gobernadas por el PP. El Gobierno insiste en que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para aportar datos, pero si no lo hacen, aplicará los criterios fijados en 2023.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido que si las comunidades no informan de sus datos, se aplicarán estimaciones previas. Este ultimátum ha sido visto como una imposición más de un Gobierno que ignora las necesidades de las autonomías y favorece a sus aliados políticos.
Desde la oposición denuncian que este reparto responde a cálculos políticos y no a criterios objetivos de capacidad de acogida de menores migrantes. El nuevo reparto también afectará a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, que tendrán que acoger cientos de menores extranjeros.
Mientras tanto, Cataluña, con el respaldo de Junts, se mantiene prácticamente al margen de la medida y solo recibirá 27 menores, según los datos. La falta de transparencia y consenso en la aplicación de esta reforma solo agrava las tensiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas.
Desde el PP ya han anunciado que recurrirán la medida y que no aceptarán una distribución de MENAS que perjudique a sus comunidades de forma arbitraria. La crisis migratoria sigue descontrolada, y en lugar de abordar el problema con soluciones efectivas, el Gobierno impone medidas sin diálogo ni consenso.
