Begoña Gómez vuelve al centro de la polémica. La justificación que ofrece Moncloa para los viajes de Pedro Sánchez en compañía de Begoña Gómez, es irrisoria. Moncloa alega "necesidades de protocolo".
Recordar que Begoña Gómez desarrolla actividades y negocios en el sector privado y no ostenta un cargo institucional según el orden constitucional de nuestro país. Sin embargo, el Ejecutivo atribuye su presencia en los múltiples viajes de Sánchez en el Falcon a razones externas e inmateriales, como la ‘necesidad de representación’.
Revelan que Begoña Gómez estuvo en muchos vuelos del Falcon a Dominicana
Según el documento de Moncloa, el presidente del Gobierno viaja con su esposa cuando las circunstancias de protocolo y representación así lo aconsejan. En estos desplazamientos, Begoña Gómez participa en calidad de esposa del presidente, no como representante o cargo público. La agenda del presidente y las actividades propuestas por las autoridades de los países anfitriones son las que determinan su participación.
Esta postura matiza el comunicado anterior, en el que la Presidencia del Gobierno se desvinculaba completamente de Begoña Gómez. Según el Gobierno, el Gabinete de la Presidencia del Gobierno se limita a brindar asistencia política y técnica al presidente. Sus acciones se circunscriben a la actividad del mismo, independientemente de la presencia de su esposa en eventos oficiales.
Begoña Gómez
Viajes a conciertos
El Gobierno ahora argumenta que Begoña Gómez acompaña al presidente solo por “necesidades protocolarias”. Sin embargo, esta explicación resulta complicada de sostener en casos como el viaje que realizaron en diciembre de 2022. Un viaje para asistir a un concierto de Joan Manuel Serrat en Barcelona, el último de su gira.
En este contexto, el Gobierno nuevamente ocultó toda la información relacionada con ese viaje. Cuando el grupo parlamentario Vox formuló preguntas a través del Congreso.
Iban dirigidas sobre el número de personas ajenas al Gobierno que acompañaron a Sánchez y su esposa en aquel vuelo. A esto el Ejecutivo se negó a proporcionar detalles, alegando que se trataba de “información clasificada”. Además, se recurrió una vez más a la Ley de secretos oficiales formulada durante el régimen de Franco.
