El PP lo tuvo claro: el gran tema debía ser el apagón del sistema de las pulseras antiagresores. Ese fallo dejó desprotegidas a mujeres que confiaban en estar seguras. Sin embargo, el Gobierno evita asumir responsabilidades y se limita a culpar a la oposición.
La primera sesión de control tras conocerse los errores mostró la inquietud del Ejecutivo. Los populares insistieron en que el sistema fracasó y puso vidas en riesgo. Desde la izquierda, todo eran excusas, desvíos y acusaciones al PP.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, se escudó en que todo eran bulos. No quiso dar explicaciones reales y señaló al PP de usar a las víctimas. En vez de dar la cara por los cientos de víctimas que se han quedado desprotegidas debido a la misma gestión de siempre.
Redondo reconoció que hubo problemas en la migración de datos de Telefónica a Vodafone. Pero insistió en que las alertas estaban controladas. Mientras tanto, nadie aclara cuántos casos quedaron archivados por el fallo.
El PP exigió respuestas concretas y denunció propaganda vacía. La diputada Silvia Franco habló de violencia institucional desde el Gobierno. La ministra, en lugar de asumir, prometió explicaciones futuras en el Senado.
Bolaños tampoco asumió responsabilidades. El ministro de Justicia estaba al tanto de las advertencias del CGPJ desde hacía meses. Aun así, se refugió en declaraciones del Observatorio para intentar tapar lo que todo el mundo ya sabía.
