Europa Press El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha la Oficina Judicial de Santander
La Oficina Judicial contará con un Servicio Común General que apoyará al Tribunal Superior de Justicia, Audiencia y Tribunal de Instancia
La Consejería de Justicia publicó la reorganización del personal de la Oficina Judicial de Santander en el Boletín Oficial de Cantabria. El nuevo modelo adapta la estructura funcionarial a la Ley de medidas de eficiencia del servicio público de la justicia estatal.
La Oficina Judicial contará con un Servicio Común General que apoyará al Tribunal Superior de Justicia, Audiencia y Tribunal de Instancia. El Servicio Común de Ejecución prestará soporte únicamente al Tribunal de Instancia, quedando fuera el Superior y la Audiencia Provincial.
Los procedimientos de ejecución del Superior y la Audiencia recaerán en sus propios Servicios Comunes de Tramitación según la resolución. En Santander se implantarán tres Servicios Comunes de Tramitación: uno para el Superior, otro para la Audiencia y otro para Instancia.
La nueva Oficina Judicial entrará en funcionamiento el próximo 31 de diciembre, adaptando la actual estructura a los puestos publicados. Desde el 1 de julio, Cantabria ya cuenta con esta estructura en siete partidos judiciales como Castro Urdiales, Santoña y Torrelavega.
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Isabel Urrutia, consejera de Justicia, confirmó que Santander completará la transición en plazo, garantizando la continuidad del servicio. Urrutia explicó que el primer paso fue dimensionar el personal procedente de los juzgados a extinguir hacia servicios comunes y áreas. Esta semana se convocarán concursos de méritos para cubrir las jefaturas de áreas y equipos en el proceso de reorganización judicial.
La consejera criticó que el cambio se ha diseñado sin contar con autonomías, siendo las comunidades quienes asumen los costes de reforma.
La implantación en los ocho partidos judiciales supondrá una inversión que supera los 2 millones de euros asumidos por Cantabria sola. Urrutia valoró la coordinación lograda con el Tribunal Superior de Justicia, jueces, magistrados y letrados durante todo el proceso. El Gobierno regional mantuvo reuniones con colectivos judiciales para coordinar el nuevo sistema y garantizar la transición ordenada.
Se aprobaron resoluciones sobre la estructura orgánica de los partidos judiciales, negociadas previamente con las organizaciones sindicales.
Cantabria y los colectivos judiciales fijaron los criterios para acoplar al personal en oficinas, registro civil y juzgados del municipio.
El proceso requirió medidas logísticas: renombrar edificios judiciales, correos electrónicos oficiales y señalética en instalaciones. También se adaptó el sistema procesal Vereda a la nueva organización de los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Cantabria.
Con esta implantación, Santander se suma a la transformación judicial ya vigente en el resto de partidos judiciales de la región.
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