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Mazón tendrá que sentarse ante la jueza de la dana: la instructora le cita como testigo y reclama sus comunicaciones

Mazón tendrá que sentarse ante la jueza de la dana: la instructora le cita como testigo y reclama sus comunicaciones
porEDATV
politica

La magistrada esquiva el auto que blindó al expresident y abre la puerta a conocer qué mensajes y llamadas cruzó mientras el agua se llevaba por delante 230 vidas en la provincia de València

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La magistrada actúa al margen del auto del TSJCV que blindó al expresident y le requiere que aporte voluntariamente sus llamadas y comunicaciones de aquella jornada

La instructora de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha dado un paso más en la investigación de la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de València. La magistrada ha acordado citar a Carlos Mazón como testigo y le pide que entregue voluntariamente sus mensajes y llamadas telefónicas de aquel día.

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La decisión llega a través de un auto notificado este martes a las partes. En él, la instructora argumenta que el reciente pronunciamiento de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana —que excluyó la responsabilidad omisiva de Mazón y con ello su condición de investigado— no impide acordar su declaración testifical. La jueza subraya que ese auto del TSJCV tampoco aprecia indicios de delito en la actuación activa del aforado, lo que a su juicio hace perfectamente viable llamarle a declarar como testigo.

La solicitud de mensajes y llamadas se hará efectiva una vez que el auto del TSJCV gane firmeza.

Lo que los datos del móvil de Mazón podrían revelar resulta incómodo para quienes durante meses trataron de minimizar su responsabilidad. Aquel 29 de octubre, mientras el agua arrasaba pueblos enteros y cientos de personas perdían la vida, el entonces president de la Generalitat almorzaba con una periodista. La alerta ES-Alert llegó con horas de retraso. El Cecopi tardó en activarse. Y las llamadas entre responsables políticos y técnicos de emergencias de esa tarde podrían arrojar luz sobre quién sabía qué y cuándo.

La misma resolución cita también como testigo a Ruth Merino, que era portavoz del Consell el día de la tragedia, y requiere a varios alcaldes que aporten voluntariamente los registros de sus comunicaciones de aquella jornada con autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto, la magistrada exige a una asociación una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, junto a la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.

Finalmente, la jueza acuerda citar de nuevo al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, para que aclare su declaración anterior. También llama a la exconsellera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para someterla a una prueba pericial caligráfica sobre un documento manuscrito aportado por el propio Suárez.

La instrucción avanza. Y cada nueva citación recuerda que 230 familias valencianas siguen esperando respuestas sobre una gestión que aquel día falló de forma estrepitosa.


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