La regularización de inmigrantes de Sánchez deja fuera a los saharauis

El Gobierno ha aprobado un real decreto de regularización extraordinaria que permitirá a cientos de miles de inmigrantes acceder a permisos legales en España. Sin embargo, el texto final excluye a un colectivo concreto: los saharauis, muchos de los cuales tienen reconocido el estatus de apátridas. Esta exclusión ha generado críticas entre asociaciones y representantes políticos que cuestionan el alcance real de la iniciativa.

El decreto no incluye a las personas apátridas, una categoría jurídica en la que se encuentran numerosos ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental. Según distintas fuentes, este colectivo sí aparecía en versiones previas del documento, pero finalmente quedó fuera del texto aprobado. La decisión se adoptó tras una recomendación del Consejo de Estado, que planteó separar este caso del régimen general de extranjería. El argumento es que los apátridas cuentan con un marco jurídico propio que regula su situación dentro del sistema español.

Pese a ello, asociaciones vinculadas al pueblo saharaui consideran que la exclusión carece de justificación suficiente. Algunas organizaciones han señalado que esta medida podría dejar a miles de personas en una situación de bloqueo administrativo. En paralelo, voces políticas han cuestionado el trasfondo de la decisión y han pedido explicaciones al Ejecutivo. Desde sectores críticos se sostiene que esta exclusión responde a decisiones de carácter político y no únicamente técnico.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la regularización como un avance relevante. Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, calificó la medida como uno de los hitos de la legislatura. No obstante, la polémica ha aumentado tras conocerse el impacto concreto sobre el colectivo saharaui residente en España. En 2024, este grupo representó el 71% de las solicitudes de reconocimiento de apatridia registradas en el país.

Desde el entorno asociativo, se ha advertido que esta situación puede derivar en acciones legales contra la normativa aprobada. Algunos colectivos ya estudian recurrir el decreto al considerar que vulnera principios de igualdad y no discriminación. También se ha puesto el foco en las consecuencias prácticas para los afectados durante los procesos administrativos. Los procedimientos de reconocimiento de apatridia pueden prolongarse durante varios años, sin acceso pleno a derechos básicos.