
La rebelión de las comunidades autónomas contra el reparto forzoso de menas
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el 26 de agosto se aprobará el decreto con el reparto de los menores inmigrantes
El Gobierno activará el reparto de hasta 3.975 menores migrantes desde el 28 de agosto, pese al rechazo de varias comunidades autónomas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el 26 de agosto se aprobará el decreto con el reparto de los menores migrantes. El plan prevé trasladar a los menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a distintas comunidades durante un periodo de un año.
Según Rego, el decreto establecerá cuántos menores acogerá cada comunidad y qué financiación se destinará a cada traslado programado. La ministra detalló que el total de menores podría reducirse si se conceden solicitudes de asilo ya tramitadas, que suman unas 1.200 peticiones.
El reparto ha generado tensión política, con el rechazo frontal de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, salvo Ceuta. La conferencia sectorial convocada para coordinar el reparto fue suspendida tras el boicot de los gobiernos autonómicos del PP.

Pese a ello, Rego insistió en que el Ejecutivo llevará el decreto al Consejo de Ministros y comenzará los traslados el 28 de agosto.
El Real Decreto fija el reparto obligatorio, al margen del consenso, lo que ha avivado la tensión entre el Gobierno y las autonomías.
Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana deberán asumir aproximadamente la mitad de los menores, según estimaciones oficiales. Cataluña y País Vasco quedan fuera del reparto.
El Ejecutivo ha fijado una partida de 10 millones de euros para financiar el proceso de reubicación de los menores no acompañados. Desde el Ministerio se advierte que las comunidades tienen un plazo de hasta un año para ejecutar la acogida que les corresponde.
Sira Rego confirmó que el martes siguiente se aprobará también el reglamento que concreta los detalles del proceso de acogida. Dicho reglamento regula entrevistas individualizadas y selección de perfiles, con el objetivo de atender al interés superior del menor.
El plan ha sido duramente criticado por gobiernos regionales que denuncian la imposición del Gobierno sin negociación previa. Algunas comunidades alegan que sus sistemas están saturados y no pueden absorber más menores sin comprometer servicios básicos.
Desde Moncloa defienden la medida como una respuesta legal ante una contingencia migratoria extraordinaria que exige coordinación.
Sin embargo, el rechazo masivo de las comunidades del PP anticipa un conflicto institucional con consecuencias políticas directas.
El reparto de menores inmigrantes se convierte así en otro foco de confrontación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. La falta de consenso y el uso de decretos ha encendido las críticas de quienes acusan al Ejecutivo de imponer sin diálogo ni consenso.
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