
La realidad sobre la inmigración en Europa que pretenden ocultar
La inmigración ilegal no solo trae consecuencias negativas en España
La inmigración ilegal no solo trae consecuencias negativas en España. También en Europa, más concretamente, en Reino Unido. Mientras la izquierda trata de vender el relato de las bondades que la inmigración trae a nivel económico, un informe británico lo desmonta.
El sistema británico que permite la llegada de familiares de inmigrantes supone un impacto económico significativo y permanente para el erario público.

Según el Comité Asesor de Migración (MAC), la autorización anual de residencia para decenas de miles de parejas procedentes del extranjero generará un gasto acumulado de unos 5.600 millones de libras. Este gasto está alrededor de los 6.550 millones de euros. El Ejecutivo reconoce que este desembolso constituye ya una presión estructural sobre las cuentas del Estado.
A lo largo de su estancia en el Reino Unido, beneficiario de un visado de reagrupación por vínculo conyugal genera para las arcas públicas un desembolso de unos 109.000 libras(127.500 euros). Esta cifra se deriva del análisis que sitúa en más de 40.000 las autorizaciones de residencia concedidas anualmente a parejas extranjeras.
El aumento del gasto público en atención médica y servicios sociales en etapas posteriores de la vida acaba superando los ingresos que estos inmigrantes generan para el Estado. El Comité Asesor de Migración señala que durante aproximadamente los primeros veinte años su presencia tiene un efecto recaudatorio favorable. Sin embargo, ese equilibrio termina siendo negativo a largo plazo.

El gasto público asociado a estos inmigrantes se intensifica con el tiempo. Su integración laboral genera ingresos fiscales positivos durante aproximadamente las dos primeras décadas. Sin embargo, los costes en sanidad y asistencia social en edades avanzadas terminan superando ese beneficio inicial.
Por otra parte, el acceso al permiso de residencia indefinido (ILR) después de cinco años aumenta aún más el desembolso estatal. Esto, al habilitar la recepción de prestaciones sociales que antes no estaban disponibles.
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