El rastreo de la fontanera del PSOE en el caso del hermano de Sánchez que deja dudas

Una nueva polémica sacude al PSOE tras revelarse que Leire Díez Castro,  conocida como la 'fontanera' del partido, habría intentado obtener información confidencial sobre jueces y fiscales de Badajoz. Según la información publicada por La Razón,  estas acciones estarían relacionadas con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, imputado por cinco presuntos delitos.

El escándalo estalló tras el descubrimiento de maniobras para recabar datos sensibles de autoridades judiciales. El digital asegura que Díez Castro contactó con empresarios imputados por corrupción,  buscando que le proporcionaran información sobre los magistrados y fiscales que investigan a David Sánchez.

Esta estrategia habría tenido como objetivo influir en el desarrollo del proceso judicial o, al menos, obtener ventaja en el caso. La noticia ha generado una fuerte controversia, ya que estas prácticas podrían suponer una grave intromisión en la independencia del poder judicial.

Leire Díez, figura clave en el entorno del PSOE, ha sido señalada anteriormente por su papel en otras operaciones controvertidas. Su historial incluye acciones contra periodistas, jueces y hasta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Esto ha llevado a que la asociación Hazte Oír anuncie una denuncia contra ella, que será presentada este martes. La organización acusa a Díez de intentar manipular el curso de las investigaciones judiciales.

El caso del "hermanísimo" ya había generado titulares por las acusaciones contra David Sánchez, pero esta nueva revelación eleva la gravedad del asunto. Las redes sociales, especialmente X, han reaccionado con indignación.

Usuarios han calificado las acciones como un intento de "mafia" por parte del PSOE para interferir en la justicia. La presión pública y política crece, exigiendo explicaciones sobre hasta dónde llegan las responsabilidades en el partido.

La Justicia deberá determinar si las acciones de Díez Castro constituyen un delito. Este caso pone en el punto de mira la transparencia y la ética en la gestión política,  alimentando el debate sobre la separación de poderes en España.