¿Quién será el juez encargado del ‘caso Errejón’?
El lunes el juez solicitará al Congreso la certificación de que Errejón ya no ostenta la condición de diputado
El caso de Íñigo Errejón ha tomado un giro trascendental al ser asignado al juez Adolfo Carretero. El mismo magistrado conocido por instruir el famoso "caso Mascarillas".
Este movimiento llega tras la denuncia formal que la actriz Elisa Mouliaá presentó en la Policía Nacional. Acusando a Errejón de un presunto delito sexual ocurrido en 2021.
Según Mouliaá, Errejón la habría empujado a una cama y realizado actos sexuales sin su consentimiento, un relato que ahora será objeto de escrutinio judicial. La denuncia que ya ha sido remitida a los Juzgados de Plaza Castilla por parte de la Brigada de Policía Judicial.
La figura de Adolfo Carretero agrega un perfil de experiencia en casos de alto perfil y polémica. Tras haber estado a cargo de investigaciones complejas que requieren un equilibrio entre detalles legales y la presión mediática.
No es la primera vez que el magistrado enfrenta casos con componentes de alto impacto. Además, su enfoque en la transparencia y el control de pruebas es bien conocido.
El lunes, Carretero solicitará al Congreso la certificación de que Errejón ya no ostenta la condición de diputado. Lo que significa que el exdiputado de Sumar no podrá acogerse a la prerrogativa de aforamiento, exponiéndose así a un proceso judicial ordinario.
La pérdida de esta inmunidad se hizo efectiva la noche de su dimisión. Con esta acción el proceso avanza sin la protección que la posición de Errejón en el Congreso le habría brindado.
En los últimos días, la denuncia de Mouliaá no ha sido el único testimonio que complica la posición del exdiputado. Varias mujeres han compartido relatos de presunto abuso psicológico y prácticas humillantes que Errejón habría ejercido.
En su mayoría reportados en entrevistas con la periodista Cristina Fallarás. Sin embargo, estas acusaciones siguen sin formalizarse judicialmente.
La asignación del caso a Carretero también subraya el delicado equilibrio entre la confidencialidad judicial y el acceso público a la información. Especialmente cuando se trata de figuras públicas involucradas en polémicas de esta magnitud.
Los próximos pasos en este proceso determinarán la dirección que tomará un caso que ya ha puesto a prueba la imparcialidad judicial en casos de figuras públicas.
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