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Mujer rubia sonriente con chaqueta naranja en primer plano y un círculo con la silueta de una persona en fondo rosa a la derecha
POLÍTICA

¿Quién es la nueva persona imputada en el caso Begoña Gómez?

El magistrado ha determinado que González Pedraz no puede declarar en calidad de testigo

Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, deberá comparecer como investigada el próximo 12 de noviembre a las 9:30 horas. Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción del caso que involucra a Begoña Gómez, le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos. Supuestamente vinculado con las funciones desempeñadas por Cristina Álvarez, asesora de Moncloa para asuntos relacionados con la esposa del presidente.

El magistrado ha determinado que González Pedraz no puede declarar en calidad de testigo, dado que su nombre aparece asociado a la presunta gestión irregular de fondos públicos. En consecuencia, su citación se produce en condición de investigada dentro del procedimiento.

Una mujer sonriente con cabello rubio y flequillo, vestida con una camisa roja, está frente a un fondo de azulejos decorativos con patrones coloridos.

Funcionaria de carrera desde 2006, González Pedraz pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de asumir la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejerció como directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica del mismo organismo. 

Peinado sigue adelante

El magistrado ha decidido continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y avanzar hacia su enjuiciamiento. Su decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado una fuerte tensión política y mediática.

Una mujer con cabello rubio y flequillo está sentada en una sala de conferencias, vestida con un traje oscuro, frente a un cartel que dice

Peinado rechaza de manera tajante las solicitudes de archivo del Ministerio Fiscal y de las defensas. Argumenta que existen indicios “claros, sólidos y homogéneos” contra la investigada. En su resolución, sostiene que las pruebas reunidas justifican mantener la causa abierta y que la instrucción ha permitido identificar posibles delitos graves.

El juez sostiene que Gómez pudo haber incurrido en tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. Los hechos que analiza estarían vinculados a su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

El auto se apoya especialmente en el uso de recursos públicos para fines privados. El juez señala a Cristina Álvarez, asistente de Gómez y empleada de Presidencia del Gobierno con sueldo público.

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