¿Quién es el fiscal que confirmó al Supremo que vio a García Ortiz revisar su móvil?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en el ojo del huracán tras el escándalo por su imputación. Este martes, hemos conocido que el fiscal Salvador Viada ha declarado ante el juez Ángel Hurtado. En su confesión aseguró que durante el registro del despacho de García Ortiz observó a este revisando un teléfono móvil junto a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde.

Sánchez Conde es la encargada de representar al Ministerio Público en el caso de revelación de secretos relacionados con los correos de Alberto González Amador. El que es pareja de la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Viada, quien pertenece a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y es fiscal del Supremo, fue citado por Hurtado a solicitud de la APIF. En su escrito, la APIF  destacó que la conversación entre García Ortiz y Sánchez Conde sugería que discutían asuntos del caso. Esto, en ausencia del abogado defensor, levantando sospechas de posible manipulación del dispositivo.

Tras su declaración en el alto tribunal, Viada comentó que la interacción "le llamó la atención" debido al papel de Sánchez Conde en el caso. "No puedo saber qué miraban ni de quién era el teléfono", aclaró, según Europa Press.

La APIF también solicitó las grabaciones de las cámaras de vigilancia, las cuales fueron aprobadas por el magistrado instructor. Sin embargo, ninguna de las cámaras enfocaba al área donde ocurrió el incidente mencionado por Viada.

Según la asociación, el registro se realizó alrededor de las siete de la tarde, mientras la Guardia Civil aún inspeccionaba las dependencias. Viada ratificó que ambos se encontraban "en el salón noble, cerca de una obra del navegante Juan de la Cosa. Ambos, revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado".

Los abogados del Estado dan la espalda a García Ortiz y piden no defenderle

La nueva asociación de abogados del Estado ha nacido con un objetivo. Todo para "constituir un foro de pensamiento y participación abierto a todos y cada uno de los abogados del Estado". Con independencia de la situación administrativa de los mismos.

Lo cierto es que los miembros de la Asociación de abogados del Estado por el Estado de Derecho, nace como reacción crítica. Surge como lucha al uso partidista que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de la institución, y han tomado una decisión firme. 

Ha sido en un comunicado dirigido por la Junta de Dirección de la nueva asociación a los miembros de este cuerpo de altos funcionarios. Este colectivo subraya que su principal preocupación, no es tanto la Abogacía del Estado como grupo profesional.

Si no "como institución centenaria y tradicionalmente reconocible por sus valores fundacionales, entre ellos, la defensa del Estado de Derecho. Al servicio de la imitación del poder y de los derechos de los ciudadanos".

En el comunicado, los miembros de la asociación profesional exponen de manera clara que los servicios jurídicos del Estado no deberían encargarse de la defensa de García Ortiz en esta causa. Exponen que las funciones del fiscal general Ortiz no engloba actividades como la emisión de notas de prensa relacionadas con el objeto de la investigación. Lo que, a su juicio, constituye una actuación de carácter personal, y no institucional.

Alegan que "no concurren los requisitos legales necesarios para que la Abogacía del Estado se haga cargo de su defensa".

Tanto es así que la asociación recuerda que su reglamento recoge que "solo se preste para amparar conductas que se puedan reconducir al legítimo ejercicio por el investigado de sus funciones". Por lo que piden el cese de la defensa jurídica de García Ortiz.