De esta manera se admite un delito fiscal en su acuerdo de conformidad con la Abogacía del Estado
El que fuera embajador en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido junto a su hijo Alejo haber recibido pagos. Estos se habrían producido a través de la petrolera estatal PDVSA mediante "operaciones simuladas" a cambio de asesorías ficticias.
Se trata de Raúl Morodo quien ha reconocido la comisión de un delito fiscal en 2014. Aceptando una condena de 10 meses de prisión y el pago de multas por 1,4 millones de euros junto a su hijo.
EL MUNDO ha accedido en exclusiva al acuerdo alcanzado con la Abogacía del Estado. El que representa a la Agencia Tributaria en el juicio que se celebrará esta semana en la Audiencia Nacional.
Ambos, Raúl y Alejo Morodo, admiten haber utilizado un entramado empresarial compuesto por Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L. Furnival Barristers Corp, S.A., y Morodo Abogados y Asociados, S.L.
Todo para defraudar a Hacienda con los pagos recibidos de la petrolera venezolana, que era el "único cliente" de dos de estas empresas, sumando un total de 4,5 millones de euros.
En el libro que Bono publicó en 2015, titulado 'Diario de un ministro', figuran numerosas alusiones a Raúl Morodo. De ellas se desprende que el embajador participó activamente en la negociación sobre la entrega de este material de guerra a Venezuela. Que desde el Ejecutivo de Zapatero se intentó edulcorar diciendo que era de "carácter defensivo".
Aquella venta de material militar al régimen de Chávez fue un quebradero de cabeza para España. Estados Unidos presionó insistentemente al Gobierno de Zapatero para impedir la entrega de las patrulleras.
Incluso llegó a denegar la transferencia de tecnología militar para los aviones de transporte. Que se incluyeron a última hora en el paquete de venta, según cables desvelados en Wikileaks.
El Gobierno socialista cesó a Morodo en 2008 al comienzo de la segunda legislatura de Zapatero. Bono había dimitido en 2006.
Desde ese momento y hasta 2013 es el período que se empezó a investigar por la Audiencia Nacional. En el que el embajador y su hijo Alejo tejieron una supuesta trama de sociedades pantallas entre Panamá y Suiza. A través de las cuales canalizaron 3,8 millones de euros por asesorías ficticias al régimen chavista.
