La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha planteado incluso la opción de paralizar sus servicios
La posibilidad de que TikTok deje de funcionar en España ha entrado en el debate político después de que el Gobierno haya pedido a la Fiscalía General del Estado investigar la presencia de miles de vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha planteado incluso la opción de paralizar sus servicios si las autoridades consideran que existen motivos suficientes para hacerlo. Sin embargo, ¿qué tendría que ocurrir para que España pudiera prohibir la aplicación?
Por el momento, el Ejecutivo no ha anunciado ninguna decisión definitiva ni ha puesto en marcha un procedimiento para bloquear la red social. La iniciativa de Rego consiste en trasladar la documentación disponible a la Fiscalía para que examine los hechos y determine si existen responsabilidades penales o si procede adoptar otras medidas. Al mismo tiempo, el Ministerio ha solicitado una reunión urgente con los responsables de TikTok en España para exigir explicaciones.
La investigación de Maldita.es que ha desencadenado esta reacción identificó 1.183 vídeos explícitos de abuso sexual infantil que habrían acumulado más de 48 millones de visualizaciones. También detectó más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas interactuando con este material y miles de usuarios que intercambiaban contenido ilegal.
¿Qué tendría que pasar para prohibir TikTok en España?
Una suspensión de TikTok no podría acordarse únicamente por una decisión política o por la gravedad de las informaciones conocidas. Para llegar a ese escenario sería necesario justificar jurídicamente una intervención de semejante alcance y determinar qué responsabilidades tiene la compañía en relación con los contenidos detectados.
Uno de los elementos fundamentales sería comprobar si la plataforma ha incumplido sus obligaciones de prevención, detección y retirada de material ilegal. En este sentido, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea establece obligaciones específicas para las grandes plataformas, especialmente en materia de gestión de riesgos, protección de los usuarios y lucha contra los contenidos ilícitos.
La normativa comunitaria contempla mecanismos de supervisión y sanción cuando las empresas no cumplen sus obligaciones. La Comisión Europea puede investigar a las grandes plataformas, exigir cambios en sus sistemas y aplicar multas que pueden alcanzar el 6% de su facturación anual mundial. En situaciones excepcionales, también existe la posibilidad de solicitar la restricción temporal del acceso a un servicio cuando concurren determinadas condiciones legales y se cumplen los procedimientos establecidos.
Por tanto, para que TikTok pudiera acabar bloqueado sería necesario algo más que demostrar que en la aplicación circulan vídeos delictivos. Las autoridades tendrían que determinar si existen fallos atribuibles a la empresa, si esta ha incumplido sus obligaciones legales y si las medidas menos restrictivas resultan insuficientes para proteger a los usuarios.
¿Quién podría ordenar el bloqueo?
La decisión tampoco dependería exclusivamente del Ministerio de Juventud e Infancia. La Fiscalía puede investigar posibles delitos y promover las actuaciones judiciales correspondientes, pero no tiene por sí misma la potestad de ordenar una prohibición general de la aplicación.
En función de la vía jurídica utilizada, podrían intervenir los tribunales españoles, las autoridades nacionales competentes en materia de servicios digitales y la Comisión Europea, especialmente por tratarse de una plataforma de gran tamaño sometida a la supervisión comunitaria.
Esta cuestión resulta especialmente relevante porque TikTok está sujeta a las obligaciones reforzadas del DSA. La normativa europea exige a las grandes plataformas evaluar los riesgos que generan sus servicios, actuar frente a contenidos ilegales y adoptar medidas para evitar que sus sistemas contribuyan a difundir material perjudicial.
