Puigdemont carga contra el castellano en Barcelona pese a ser lengua oficial de España

Carles Puigdemont ha vuelto a atacar el uso del castellano en Cataluña, calificando su presencia como una "deriva supremacista" en Barcelona. El líder de Junts se expresó así en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, donde denunció un caso en un bar local.

Según relató el escritor Pep Antoni Roig, una camarera de un bar le impidió poner música en catalán y le dijo que "odiaba lo catalán". Puigdemont aprovechó el hilo para cargar contra lo que denominó odio lingüístico y acusar al Estado de perseguir a los catalanohablantes.

Afirmó que se quiere obligar a los catalanes a "abrazar" una lengua en la que, según él, “se les pega, insulta, espía y persigue”. El expresident pidió al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, actuar ante lo que considera un ataque a los derechos lingüísticos.

Acusó al consistorio de permitir que se practique “odio contra el catalán” en establecimientos abiertos al público en la capital catalana.

También reclamó erradicar lo que denominó "actitudes supremacistas", en referencia al uso normalizado del castellano en la ciudad. Sin embargo, el castellano es lengua oficial en toda España y su uso no puede limitarse en ninguna comunidad autónoma del país.

Barcelona, como capital catalana, es también una ciudad española donde el castellano tiene pleno reconocimiento y legalidad. La Constitución Española garantiza el derecho a usar el castellano en todo el territorio nacional sin restricción alguna.

Las declaraciones de Puigdemont han sido interpretadas como un nuevo intento de agitar el enfrentamiento lingüístico en Cataluña.

Mientras exige respeto para el catalán, tilda de supremacismo la simple utilización de una lengua hablada por millones en Cataluña. Cabe recordar que, según el Instituto Nacional de Estadística, el castellano es lengua habitual de más del 50% de catalanes.

Numerosos ciudadanos en Barcelona utilizan diariamente el castellano en su vida personal, laboral y comercial, sin conflicto alguno.

El caso denunciado no ha sido verificado oficialmente ni ha dado lugar a una investigación formal por parte del Ayuntamiento. Pese a ello, Puigdemont lo ha elevado a categoría de ejemplo general, sin pruebas más allá de un relato en una red social.

El expresidente catalán reside en Bruselas desde 2017 tras fugarse de la justicia española por la organización del referéndum ilegal. Desde allí continúa interviniendo en asuntos políticos internos, especialmente en cuestiones identitarias y lingüísticas.

 Desde sectores constitucionalistas se pide respeto a la libertad lingüística y al derecho a usar el castellano sin ser criminalizado. Mientras tanto, el mensaje de Puigdemont continúa generando división en redes sociales y entre los representantes políticos.