El Partido Socialista y Compromís han convertido el caso de la DANA en un ataque político sin precedentes, mientras olvidan —de forma interesada— que durante el Botànic ellos nombraron a Gabriela Bravo, pareja de Ximo Puig, como consellera de Justicia e Interior sin tener experiencia alguna en gestión de emergencias o seguridad ciudadana. Su perfil era el mismo que el de Salomé Pradas: una jurista con trayectoria en la administración pública.
Hoy, en un alarde de hipocresía, el PSOE pretende responsabilizar a Pradas de decisiones técnicas que no solo no dependían de ella, sino que fueron asumidas por un equipo heredado del anterior gobierno del Botànic. La consellera Pradas, además, compareció ante la jueza con honestidad y transparencia, detallando con precisión quién tomó las decisiones clave el 29 de octubre.
Durante la DANA, la gestión de la emergencia recaía operativamente en los técnicos nombrados por el gobierno del Botanic: José Miguel Basset, jefe operativo de la emergencia y director del Mando Avanzado, Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias de la Generalitat e Inmaculada Piles, coordinadora del Centro de Coordinación de Emergencias.







