La propuesta de un salario mínimo autonómico agrava las diferencias entre PSOE y Sumar

En el seno del Gobierno ha surgido un nuevo debate en torno a la posibilidad de establecer salarios mínimos diferenciados por comunidades autónomas. La polémica se reactivó después de que el Senado rechazara la semana pasada una propuesta de ERC que planteaba crear un SMI específico para Cataluña y elevarlo hasta los 1.460 euros mensuales. La iniciativa, que no era vinculante, solo recibió el apoyo de ERC y EH Bildu, mientras que PP, PSOE, Vox y UPN votaron en contra. Junts y el PNV se abstuvieron, una decisión especialmente llamativa en el caso de Junts, ya que meses antes había impulsado en el Parlament una iniciativa similar para fijar un salario mínimo catalán de 1.400 euros en 14 pagas.

Este posicionamiento ha reavivado las diferencias dentro del Ejecutivo entre el PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido recientemente que las comunidades autónomas podrían tener margen para mejorar el salario mínimo a través de la negociación colectiva, un mecanismo reforzado tras la reforma del Estatuto de los Trabajadores aprobada en mayo de 2024, que da prioridad a los convenios autonómicos y provinciales cuando resultan más favorables para los empleados.

Según explicó en respuesta a una pregunta de ERC, el SMI estatal funcionaría como un umbral básico, pero no impediría que las regiones acordaran cifras superiores mediante sus propios convenios laborales. En ese sentido, llegó a señalar que territorios como Cataluña, Euskadi o Galicia cuentan con herramientas para hacerlo.

Sin embargo, sus declaraciones han generado distintas lecturas. Aunque Díaz defiende este modelo como una forma de mejorar las condiciones laborales, también insiste en que debe mantenerse la igualdad entre trabajadores en todo el país y evitar una fragmentación salarial que, en su opinión, podría beneficiar a la patronal.

La ministra también ha recordado que existen diferencias relevantes entre territorios: el salario medio en Euskadi supera en torno a un 18% la media nacional, mientras que en Cataluña es aproximadamente un 6% más alto. A partir de estos datos, deja abierta la puerta a posibles mejoras salariales regionales, algo que el PSOE rechaza, advirtiendo de que supondría una ruptura del marco laboral común y un riesgo para la unidad del mercado y de la negociación colectiva.