El programa 'verde' de Teresa Ribera por el que hoy sufre Valencia

La DANA que azota a la  Comunidad Valenciana ha encendido las alarmas en todo el país, y en medio del caos,  la gente carga contra el Gobienro Pedro Sánchez. 

Es preciso recordar que fue el Gobierno de Sánchez el que se negó a dragar y limpiar en profundidad los cauces de los ríos. Esto, a pesar del evidente riesgo de inundaciones en numerosas áreas históricamente afectadas por riadas.

Desde la formación del gobierno de coalición,  se adoptó la política de realizar limpiezas mínimas en los ríos, priorizando la conservación de la vegetación y la fauna. No obstante, esta medida reduce la capacidad de desagüe de los ríos. Aumentando así el riesgo de daños para la población, la agricultura, las infraestructuras públicas y las propiedades privadas en caso de lluvias intensas.

Esta política ambiental se ha aplicado en todas las cuencas hidrográficas de España, con especial énfasis en la del Júcar, que actualmente sufre graves inundaciones.

El 16 de marzo de 2023, el Gobierno ratificó esta política en un documento oficial, recibido por el Congreso el 17 de marzo. En este documento, el Gobierno describe su política de limpieza de cauces, destacando la mínima intervención. Incluso en la vulnerable cuenca del  Júcar, que cuenta con al menos 1.000 kilómetros de cauces identificados como  Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).

Bajo la supervisión Teresa Ribera, ministro de  Transición Ecológica, el Gobierno respondió por escrito a las preguntas de la oposición sobre la limpieza preventiva de  cauces. En su respuesta, el Ejecutivo de Sánchez explicó que el  Programa de conservación de cauces, parte de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. El mismo que es llevado a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esto, a través de las confederaciones hidrográficas.  El objetivo es conservar y mejorar el estado de los ríos con una intervención mínima, reduciendo los riesgos de inundación y respetando los valores ambientales y naturales del dominio público hidráulico.

Las prohibiciones del Gobierno que han empeorado la llegada de la DANA 

El Gobierno ha prohibido completamente el dragado para eliminar sedimentos y restaurar la capacidad de desagüe de los ríos. Esta postura se confirma tanto en la respuesta parlamentaria del 16 de marzo de 2023 como en otros documentos oficiales.

En dicha respuesta, el Ejecutivo de Sánchez fue categórico:

Las actuaciones de conservación de cauces no pueden entenderse como obras intensivas de dragado o eliminación de la vegetación natural.

Esto, ya que son claramente incompatibles con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza  establecidos en la legislación.

La limpieza de las márgenes se ha reducido al mínimo, y el Gobierno ha transferido la responsabilidad a las administraciones locales. Sin embargo, estas administraciones tienen limitaciones para intervenir en los tramos urbanos de los cauces, ya que necesitan autorización de las confederaciones hidrográficas.

En los pueblos ribereños afectados por inundaciones, esta política estatal, que se remonta al Gobierno de Zapatero, ha sido ampliamente criticada.

En Aragón, se formó hace más de diez años una plataforma de afectados por la falta de limpiezas en profundidad. La que sigue activa debido a los daños cada vez más frecuentes causados por las inundaciones. La Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre) ha estado denunciando esta situación durante más de una década.