El escándalo también ha dado lugar a preguntas sobre el rol que debe jugar RTVE en la contratación de figuras mediáticas
El contrato de Silvia Intxaurrondo con RTVE ha desatado una tormenta de críticas, tanto por su naturaleza como por las implicaciones éticas y fiscales. Firmado en agosto de 2023, el contrato de la periodista, quien asumió el rol de copresentadora y codirectora de La Hora de La 1, ha generado gran controversia.
Según a la falta de transparencia y a las condiciones especiales otorgadas a Sukun Comunicación, S.L. a través de la cual Intxaurrondo percibe su salario.
Una de las mayores preocupaciones radica en la cláusula de confidencialidad que impide a RTVE hacer público el contrato hasta 2026, incluso si se solicita a través del portal de Transparencia. Esta disposición ha suscitado críticas por parte de sectores políticos, como Vox, que han exigido explicaciones a la Corporación Pública.
La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, se ha visto obligada a responder preguntas en el Congreso. Aunque las respuestas proporcionadas no han calmado la indignación.
El contrato en sí, valorado en un máximo de 537.514 euros, con la posibilidad de añadir 10.000 euros más por participación en emisiones especiales, ha levantado suspicacias por varios motivos. Según publican varios medios, la duración del acuerdo de dos años es inusual para los estándares de RTVE.
Segundo, porque Sukun Comunicación, la empresa creada para gestionar los ingresos de Intxaurrondo, se constituyó apenas dos semanas antes de la firma del contrato. Lo que ha levantado sospechas de que la estructura empresarial podría estar diseñada para obtener ventajas fiscales.
El impuesto de sociedades en España permite a las empresas que no generen beneficios en un año compensar esas pérdidas en ejercicios futuros. Al haber sido creada en julio de 2023, Sukun Comunicación no reflejará un año completo de ingresos hasta 2024. Momento en el que se podrá ver el impacto fiscal total del contrato de Intxaurrondo.
Esta situación ha generado críticas sobre una posible planificación fiscal agresiva. Que, si bien no sería ilegal, podría interpretarse como una estrategia para reducir la carga impositiva.
De que el contrato sea gestionado a través de la empresa de su marido, y que Sukun Comunicación actúe como intermediaria entre RTVE e Intxaurrondo. Ha levantado más preguntas sobre los conflictos de interés y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
¿Es legítimo que una figura pública como Intxaurrondo use esta estructura para gestionar su salario?. ¿Sobre todo cuando RTVE, una entidad financiada por los contribuyentes, está de por medio?
En términos de transparencia, la cláusula que impide la divulgación del contrato hasta 2026 ha sido criticada como un intento de evitar el escrutinio público.
Este tipo de disposiciones rara vez se ven en contratos con empresas privadas, y mucho menos en el sector público. Donde se espera que los acuerdos sean completamente transparentes.
El escándalo también ha dado lugar a preguntas sobre el rol que debe jugar RTVE en la contratación de figuras mediáticas. Con una remuneración tan alta y un contrato que, en muchos aspectos, parece diseñado para proteger los intereses de Intxaurrondo y su empresa. Algunos se preguntan si RTVE está priorizando los principios del servicio público o si se está comportando más como una cadena privada, donde los beneficios empresariales predominan sobre el interés colectivo.
