La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva sentencia dentro del caso ERE. Dos acusados han sido condenados a penas de prisión por beneficiarse de ayudas públicas sin justificación. La clave fue su relación de amistad con Francisco Javier Guerrero.
Este era director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, ya fallecido.
La investigación se centraba en la pieza de las llamadas “pólizas individuales”. Según el tribunal, Guerrero desvió fondos de manera arbitraria. El dinero se empleó en pólizas de seguros de rentas temporales y de capital diferido.
La Dirección de Trabajo figuraba como tomadora de esas pólizas y, por tanto, asumía el pago de las primas. Los beneficiarios eran personas cercanas al ex alto cargo, vecinos o amigos.
El tribunal considera probado que Alejandro M.T. recibió un beneficio ilícito.
Fue condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con malversación continuada. La sentencia incluye la atenuante de dilaciones indebidas.
La pena asciende a un año y diez meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial por prevaricación. Además, se le impone una inhabilitación absoluta de tres años y ocho meses por malversación.
La responsabilidad civil también es elevada. Alejandro M.T. deberá devolver a la Junta 333.072,07 euros.
Es la suma total de las cantidades que percibió a través de las pólizas.
