La clave fue su relación de amistad con Francisco Javier Guerrero, exdirector general del PSOE
La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una nueva sentencia dentro del caso ERE. Dos acusados han sido condenados a penas de prisión por beneficiarse de ayudas públicas sin justificación. La clave fue su relación de amistad con Francisco Javier Guerrero.
Este era director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, ya fallecido.
La investigación se centraba en la pieza de las llamadas “pólizas individuales”. Según el tribunal, Guerrero desvió fondos de manera arbitraria. El dinero se empleó en pólizas de seguros de rentas temporales y de capital diferido.
La Dirección de Trabajo figuraba como tomadora de esas pólizas y, por tanto, asumía el pago de las primas. Los beneficiarios eran personas cercanas al ex alto cargo, vecinos o amigos.
El tribunal considera probado que Alejandro M.T. recibió un beneficio ilícito.
Fue condenado como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con malversación continuada. La sentencia incluye la atenuante de dilaciones indebidas.
La pena asciende a un año y diez meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial por prevaricación. Además, se le impone una inhabilitación absoluta de tres años y ocho meses por malversación.
La responsabilidad civil también es elevada. Alejandro M.T. deberá devolver a la Junta 333.072,07 euros.
Es la suma total de las cantidades que percibió a través de las pólizas.
Los jueces remarcan que el acusado se lucró “sin más mérito que el favor buscado de su amigo”. Esa conducta, añaden, le situó por encima del resto de ciudadanos y le permitió engrosar su patrimonio con dinero público.
El segundo condenado es Rafael R.G. También se le considera culpable de los mismos delitos. Sin embargo, el tribunal aplica dos atenuantes: la reparación del daño y las dilaciones indebidas.
Por ello, la condena es más baja. Cumplirá un año y tres meses de cárcel, dos años de inhabilitación especial y dos años de inhabilitación absoluta.
En el apartado económico, Rafael R.G. deberá indemnizar a la Junta con 91.196,76 euros. No obstante, se le descuenta una parte.
El acusado ya había consignado 54.880,03 euros en la cuenta del juzgado. Esa cantidad se reintegrará a la Administración.
La Audiencia destaca que el acusado mostró desde el inicio su intención de devolver el dinero. Ese gesto fue clave para reducir la pena.
En paralelo, tres personas han resultado absueltas. Entre ellas, dos trabajadores de la consultora Vitalia S.A. y la hija de uno de los condenados.
El tribunal no encontró pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal en el caso.
La sentencia vuelve a poner de relieve la trama de corrupción destapada en Andalucía. El tribunal habla de un “desvío arbitrario” de fondos que debían destinarse a fines sociolaborales. En su lugar, fueron a parar a bolsillos privados.
Con estas nuevas condenas, la Audiencia de Sevilla continúa cerrando piezas del caso ERE, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España.
