La presidenta de la CNMC que controlará los medios fue asesora de Gabinete de Sánchez

El Gobierno sigue su persecución a los medios críticos como EDATV. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Anteproyecto de Ley orientado a fortalecer la gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación.

Esta nueva normativa asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad. Será la encargada de supervisar y gestionar un registro obligatorio de medios de comunicación.

En este registro deberán figurar detalles sobre sus propietarios, incluyendo nombres y apellidos. Además de información de sus accionistas, fuentes de financiación y datos precisos sobre su audiencia.

Además, la ley establece límites a la financiación que las administraciones públicas pueden otorgar a la prensa, radio y televisión. Todo con único objetivo: evitar la concentración de poder dentro del sector.

Ha sido Óscar López el encargado de anunciar que quieren transponer las directivas europeas sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y la Carta de Derechos Digitales. 

El secreto mejor guardado del Gobierno

La actual presidenta de la CNMC ocupó el cargo de asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre marzo y junio de 2020. Posteriormente, fue designada como máxima responsable del organismo regulador.

Se trata de Cani Fernández.

Lo cierto es que ese nombramiento fue cuanto menos polémico. Y es que se produjo después de que la abogada abandonase La Moncloa. 

Cani, de Zaragoza, fue asesora de Moncloa tras ser fichada por el equipo de Iván Redondo. Quien fuera jefe de gabinete y estrategia de Pedro Sánchez. El fichaje de Cani como asesora se produjo en el mes de febrero de 2020. 

En junio de ese mismo año, Cani Fernández fue nombrada presidenta de la CNMC.

De hecho, en el perfil de LinkedIn de la presidenta aún guarda su pasado como asesora en el Gabinete de Presidencia.

 Ahora, el organismo que preside la ex asesora del Gabinete de Presidencia de Sánchez será quien decida qué es un pseudomedio y qué no.

Las sanciones

El anteproyecto establece además un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales. Todo ello con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves. Hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.