Pradas planta cara y denuncia parcialidad en la jueza de la DANA ante el CGPJ

La causa judicial por la tragedia de la DANA en Valencia da un nuevo giro con la denuncia formal presentada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas ante el Consejo General del Poder Judicial. En ella, no solo se cuestiona el tono de los autos judiciales de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sino que se advierte de posibles vulneraciones de derechos fundamentales y de una instrucción que, según la defensa, parece tener un rumbo predeterminado.

Eduardo de Urbano, letrado de Pradas, denuncia una “premeditación en el objeto de la instrucción” y acusa a la jueza de actuar con “contundencia impropia” de una fase inicial. Frases como “grosera negligencia” o “manifiesta pasividad” en los autos son, a su juicio, más propias de una sentencia condenatoria que de un proceso garantista. Lo grave no es solo el lenguaje, sino la sospecha de que se ha construido un relato cerrado en el que se descarta cualquier hipótesis alternativa y se ignoran otras responsabilidades institucionales.

Especialmente significativo es el trato diferenciado hacia otros actores clave. La jueza ha denegado reiteradamente las solicitudes para investigar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pese a los elementos expuestos durante su declaración como testigo. ¿Por qué se protege con tanto celo a la única representante estatal directa, mientras se señala con firmeza a miembros del anterior Consell?

La defensa de Pradas pone el foco también en la negativa sistemática a aceptar diligencias que pudieran abrir el foco más allá de la Generalitat Valenciana. Se habla ya no solo de una instrucción parcial, sino de una “línea reductora” que convierte el proceso en una suerte de juicio político encubierto. Incluso desliza una posible injerencia externa en la actuación de la jueza, al insinuar que su marido podría estar asesorándola.

La solicitud de suspensión cautelar de la magistrada y su sustitución por otro juez es un paso tan insólito como revelador. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad por una catástrofe, sino la credibilidad de todo el proceso judicial. Si se confirma que la causa ha sido contaminada por una instrucción sesgada, estaremos ante una herida institucional profunda. Las víctimas merecen justicia, no un relato preescrito.